Jairo, de 17 años, fue detenido cuando estaba sentado en el frente de su casa en Santa Elena de Uairén, en el estado Bolívar. Ese día, 5 de agosto, estaba conversando con sus familiares. Él observó que pasó una comisión de funcionarios policiales, pero no se asustó, se quedó sentado y pronunció: “Yo no hice nada”.
Su madre se percató de que la comisión venía de regreso y cuando llegaron al frente de su casa, se lo llevaron. Los vecinos y su familia gritaban que era inocente: “No se lo lleven”, sin embargo, no le hicieron caso. A Jairo lo retuvieron en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de la localidad y a los dos días lo trasladaron a San Félix, en Ciudad Guayana, a unos 588.3 km y casi nueve horas de carretera.
Los padres de Jairo quedaron consternados. Su papá, José Gregorio, afirma que nunca opusieron resistencia y pensaron que sería un proceso de “rutina”. Que, al comprobar, que no había participado en ningún acto, lo soltarían.
Cuando llegó al centro de menores de San Félix, fue retenido con cuatro niños más. Tres de ellos fueron excarcelados, el 3 de septiembre, y quedaron Breiner y Jairo. Ambos están aislados de los otros reclusos y, cada día que pasa, están perdiendo las esperanzas.
Los dos están siendo imputados por terrorismo, incitación al odio y daño a la propiedad pública o privada.
“No hice nada malo”
A diferencia de Jairo, Breiner, de 16 años, fue detenido días antes, el 29 de julio. El menor venía saliendo de su trabajo, a las 07:40 de la noche, cuando fue sorprendido por funcionarios de la Guardia Nacional. Las personas cercanas le avisaron a su abuela, Gladys, quien está a cargo del niño desde que sus padres se fueron del país.
Breiner gritaba: “No hice nada malo, por favor, déjenme”. Pero aun así se lo llevaron a un comando cercano en Upata para después trasladarlo a Ciudad Guayana, cuya distancia es de 55 kilómetros.
“Es difícil saber qué está ahí, es un esfuerzo que hacemos todos. Mis hijos me ayudan y sus papás envían dinero desde afuera, pero no es suficiente”, dice su abuela.
El día que excarcelaron a los otros tres niños, Breiner pensó que pronto sería su turno, al igual que Jairo, pero no fue así. Los dos fueron presentados en una audiencia preliminar el 26 de septiembre y la jueza les preguntó si iban a admitir.
Entre llantos, el niño, de 16 años, expresó que no tenía nada que admitir porque no hizo nada malo y los dos pasaron directamente a juicio.
“Todo pasó muy rápido y no sabemos qué pasará en el juicio. Mi hija me dijo ‘mejor se hubiera declarado culpable’”, dice la señora Gladys, de 57 años, haciendo referencia a la incertidumbre que les espera como familia.
“Se me parte el corazón”
La audiencia telemática duró poco tiempo, asegura José Gregorio. “Yo casi no pude escuchar nada, estaba sentado en la tercera fila y de esa pantalla se escuchaba muy poco. Después, investigué y pregunté, me dijeron que no le dieron ningún beneficio. Lo único que le ofrecieron fue privativa”.
En una conversación moderada por el director editorial de Runrun.es, Luis Ernesto Blanco, la defensora de los derechos humanos y miembro de la organización ‘Alerta Venezuela’, Ligia Bolívar, aseveró que los detenidos “se están enfrentando a un sistema inhumano”.
Al igual que el resto de los presos en contexto poselectoral ni Breiner ni Jairo tienen la posibilidad de un defensor privado. Su defensora pública les comunicó que irían a “juicio para saber la verdad”, sin ofrecer mayores detalles.
Bolívar aclaró que esto representa una violación abierta al debido proceso y que ningún defensor público está dispuesto a realizar una estrategia de defensa que vaya en contra de lo que diga el Ministerio Público.
Manifestó que “es importante mencionar que la defensa pública siempre ha sido una institución muy golpeada, algo así como el ‘patito feo de la justicia’, pero nunca había sido manipulado como ahora”.
El padre de Jairo, de 17 años, cuenta que se le salieron las lágrimas -durante la audiencia- porque no sabe qué palabras utilizar para consolar a su hijo: “A mí se me parte el corazón al ver a mi hijo en esa situación. Yo no sé nada de leyes, no sé por qué mi hijo está detenido. Yo nunca había pisado un penal o una cárcel, yo solo soy un simple taxista y un hombre que intenta mantener a su familia”.
“Las familias están presas”
Acerca de la situación que viven los familiares de los detenidos, la especialista expresó que “las familias también están presas”, esto debido a los grandes esfuerzos que hacen para asistir a las visitas, proveerse de ropa, comida, medicamentos y todo lo que no hay en los centros penales venezolanos.
“Lo que existe en un país normal, en Venezuela no existe. Los detenidos no tienen comida, ni ropa, ni medicamentos y todo esto debe ser provisto por las familias. Además de los costos de traslados a otros estados, ya que muchos están lejos de sus casas, aunque lo que se espera es que estuvieran más cerca”, puntualizó.
En los dos casos, la familia está alejada del centro de detención. Los familiares de Jairo se vieron en la necesidad de alquilar una habitación en San Félix para poder visitarlo los miércoles y los sábados, días en los que le corresponde visita.
“Yo tengo siete hijos y algunos están chiquitos, están estudiando. Los tenía conmigo, pero no pueden perder el año. Es muy muy difícil esta situación”, señala la madre de Jairo, Nereida, de 37 años.
Los allegados de Breiner tienen que viajar cada miércoles y sábado desde Upata. Una situación que conlleva un gran esfuerzo económico. “Tengo la ayuda de mis hijos y mi hija (tía del menor) me acompaña, por qué, sino cómo me viera”, subraya la abuela del niño.
Necesita atención médica
En diciembre de 2023, Jairo sufrió un accidente automovilístico que lo dejó en reposo durante ocho meses. Debido a la precaria situación de salud en el sur del estado Bolívar, fue atendido en Boa Vista, una localidad de Brasil cercana a Santa Elena de Uairén.
De acuerdo a lo explicado por su padre, quedó padeciendo de un hematoma intracraneal, que es una acumulación de sangre dentro del cerebro y debido a su diagnóstico, necesita atención médica constante.
“Mi hijo necesita ser atendido y nosotros le llevamos todos los papeles a la abogada. Todos los informes, ahí indica, bien clarito, que Jairo tiene que ir a sus consultas y chequeos en Boa Vista”, señala.
Debido a este padecimiento, Jairo sufre de dolores de cabeza, mareos constantes y otros síntomas como onfusión, pérdida del movimiento, somnolencia y pérdida progresiva del conocimiento, entre otros.
José Gregorio, padre del menor, explica que han hecho todo lo que le han pedido y no reciben respuesta. No entienden por qué los otros menores salieron y dejaron a Jairo y a Breiner.
Los menores deben ser tratados con dignidad
Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA), en el artículo 538, indica que los menores detenidos deben ser tratados -en todo momento- con dignidad:
“Se debe respetar la dignidad inherente al ser humano, el derecho a la igualdad ante la ley, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad. Ningún adolescente puede ser limitado en el ejercicio de sus derechos y garantías más allá de los fines, alcances y contenido de las medidas cautelares o definitivas que se deba imponer”, establece.
Aunque los familiares no han reportado ningún tipo de maltrato, afirman que están recibiendo clases y que, algunas veces, hacen deportes, están seguros de que no tienen que estar detenidos y que sus súplicas deben ser atendidas.
Ambos dejaron una vida afuera que tienen la esperanza de recuperar. Breiner quiere seguir estudiando y eso lo preocupa todos los días. Su abuela informó que lo inscribió en el liceo y está confiando que pueda salir para que vuelva a sus clases y a su trabajo de medio tiempo, mientras que Jairo necesita recuperarse para continuar sus estudios y seguir trabajando para ayudar a su familia.
Aún se desconoce la fecha del juicio de ambos, se encuentran a la espera al igual que los niños que están detenidos en Valencia, Carabobo. Según la última cifra del Foro Penal, 70 menores de edad están detenidos en contexto poselectoral.
Algunos familiares han denunciado que sus niños han sido torturados tanto física como psicológicamente, pero los reclamos no son escuchados y ni mucho menos investigados, a pesar de que existe una Defensoría del Pueblo, un organismo que tiene competencia para hacerlo.
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