Un grupo de expertos en derechos humanos alertó en un foro virtual sobre el riesgo de que la comunidad internacional compre la narrativa de normalizar la situación en Venezuela, tras denunciar que luego del 28 de julio el gobierno venezolano ha sofisticado su aparato represivo y los ciudadanos están sufriendo de forma importante los embates de esa arremetida.
En el webinar hibrido “Venezuela: Fraude Electoral y Crisis Política”, organizado por la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Washington Colle of Law y con el auspicio de DPLF (Fundación para el Debido Proceso), también se mostró inquietud por la probabilidad de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, plantee un acercamiento con el gobierno de Nicolás Maduro por intereses migratorios y económicos.
La actividad inició con la intervención de Luis Carlos Díaz, periodista y ciberactivista venezolano, quien resumió que luego del 28 de julio hubo cambios de patrones represivos que obligan a que el mundo “no se quede esperando” hasta que llegue el 10 de enero, fecha en la que se produce en el país el traspaso de poder en Venezuela.
“Venezuela pasó de tener más de 300 presos políticos a 2000. Fue el propio Estado venezolano el que anunció que iban a meter a 2220 personas, a través de voceros como Nicolás Maduro y el fiscal Tarek William Saab, y luego los cuerpos de seguridad salían a hacer una especie de pesca de arrastre (…) Hay gente presa que fue sacada de su casa, que iban a comprar pan y los agarraron, no estaban protestando, la policía agarraba a los más vulnerables y débiles que veían (…) Mientras las dictaduras del Cono Sur negaban la cifra de detenidos, el Estado venezolano te admite ‘sí, yo los tengo”, denunció Díaz, galardonado recientemente en los premios The Albies de la Clooney Foundation for Justice por su promoción de la defensa de los derechos humanos.
Desde el poder, recalcó Díaz, también se adelantaban los cargos que serían imputados a los detenidos en las protestas y se subió otro peldaño en la escalera represiva: “El sistema está blindado para evitar que las personas tengan un defensor”.
“En Venezuela no hay jueces independientes, autónomos, hay fiscales y defensores públicos que responden a la línea gubernamental y que no hacen su trabajo de defender a nadie”, enfatizó Díaz. Aunado a ello, se establecieron nuevos mecanismos de “represión comunitaria”, en donde el chavismo-según relató- “abrió el compás para que alcaldes, concejales, gobernadores y líderes de calle delaten a sus vecinos, periodistas y políticos incómodos de sus regiones”.
El periodista alertó sobre un punto preocupante de cara a la crisis derivada después del 28 de julio, que aún no ha sido resuelta: dijo que se busca imponer una narrativa para normalizar las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, ignorando la situación de derechos humanos en el país.
“Hay reacomodos de grupos económicos, sociales y empresariales y de diversos grupos políticos que operan abiertamente a favor de que se normalice la dictadura. Hay lobbies activos para que haya intercambio petrolero sin problemas, para que el Estado venezolano no rinda cuentas sobre el ingreso del petróleo y que venden la narrativa de que si a Venezuela le entra más dinero, habrá menos migración (…) Hay grupos políticos y también humanitarios (…) Esto lo que haría es blanquear un sistema dictatorial que asesina y encarcela gente. Normalizar la dictadura significaría que otros autoritarismos del continente aprendan, y se den cuenta de que no hay costo por violar la ley de esta manera”, advirtió.
El triunfo de Trump, ¿buena noticia para Maduro?
“Hay que evitar normalizar lo que sucede en Venezuela, el 28 de julio marcó un antes y después en la convulsa historia contemporánea de Venezuela”, expresó Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos).
Para Jiménez Sandoval, el evento del 28 de julio expuso la antidemocracia del régimen, incluso ante aliados tradicionales.
“Los obstáculos para que los venezolanos pudieran elegir y la represión poselectoral es tal que el autoritario está desnudo y eso marca un cambio en la geopolítica hemisférica que no es menor”, sostuvo.
A la presidenta de WOLA le inquieta cuál puede ser el rol del gobierno electo en Estados Unidos el pasado 5 de noviembre, tras recordar que en el pasado mantuvo una línea dura de sanciones que perseguía una transición democrática vía “colapso” que no funcionó.
“La comunidad internacional va a tener que repensar sus estrategias, sobre todo con la elección de Trump en EEUU, que no es una mala noticia para Maduro, como todos están creyendo”, advirtió.
A tres meses de las elecciones del 28 de julio, para la experta, lo “único cierto” de cara al 10 de enero es la incertidumbre que rodea a la fecha.
“El candidato elegido está en el exilio en Madrid, Machado en la clandestinidad, Maduro controla todos los poderes del Estado, incluyendo el militar. No hay certeza de que el candidato vuela para tomar posesión y hay probabilidad de que Maduro se posicione ilegítimamente en el poder“, lamentó.
Sobre el papel de Estados Unidos en la crisis venezolana Angelita Baeyens, vicepresidente de abogacía internacional y litigio de Robert F. Kennedy, Derechos Humanos, recordó que al gobierno de Joe Biden también le falló “totalmente” la estrategia con respecto al canje de presos con Maduro: “Le salió muy barato la liberación de precios de alto valor que tenía EEUU, le jugó el juego a Venezuela”.
Dijo que la fase actual en Venezuela, que se caracteriza por una represión “masiva y sistemática”, plantea interrogantes sobre las futuras acciones internacionales. También destacó el silencio fiscal de la Corte Penal Internacional ante las violaciones de Derechos Humanos ocurridas recientemente en Venezuela, y lo lamentó, puesto que podría haber sido un punto de presión crucial.
Mientras que Katya Salazar, directora de DPLF (Fundación para el Debido Proceso), destacó que el triunfo de Trump podría significar una alivio para Maduro.
“Quizá a Trump se le ocurra abrir las puertas a Venezuela para conseguir petróleo barato, es fundamental que el sistema interamericano de DDHH se ponga a pensar en un plan Venezuela antes de que lleguen esos posibles cambios y ajustes”, recomendó.
Coordinar, denunciar y sensibilizar
Washington Abdala, representante permanente de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), tuvo una breve participación a distancia en el debate, en la que mencionó que que hay que trascender la preocupación por el próximo cambio de poder en Estados Unidos y coordinar las acciones necesarias para mantener visible el tema Venezuela.
“Hay que empezar a refocalizar contactos y relaciones con esta gente -el nuevo gobierno de EEUU- que va a manejar lo que viene, si bien puede haber preocupaciones e inquietudes, debemos aumentar nuestro grado de coordinación para mantener una única narrativa (…) Yo soy de la teoría de ir incrementando el tono de la narrativa porque eso implica aumentar el tono de compromiso de nuestros países, instituciones y realidades”, aseveró.
Opinó que si el 10 de enero no se produce en Venezuela “la buena nueva” que aspiran los sectores democráticos del continente, “ese 10 de enero se consagraría una violación del sistema democrático de manera elocuente”.
“Si nos preocupa Estados Unidos, hagamos lo imposible para tratar de inocular la narrativa democrática con gente que pueda entender esto. Si perdemos con Venezuela el gran drama es que vamos a empezar a perder con regímenes democráticos instalados hace décadas, y con posibles irrupciones de nuevos regímenes autocráticos“, anticipó.
Aumentar la presión para cambiar la narrativa
El foro cerró con consideraciones de las expertas y expertos presentes de que en las próximas semanas se debe apuntar hacia los focos de presión en la Organización de las Naciones Unidas y en la Corte Penal Internacional -que celebrará en diciembre su reunión de estados partes- así como en otros mecanismos internacionales y penales.
Katya Salazar, directora de DPLF (Fundación para el Debido Proceso), destacó la importancia de mantener sobre el tapete la crisis de derechos humanos en Venezuela porque sus repercusiones trascienden fronteras.
“Es fundamental mantener la conversación vigente, no solamente por las personas afectadas, sino porque es un problema regional, no solo venezolano. Está el impacto en la migración, en la institucionalidad y en los valores democráticos. Esta normalización del autoritarismo es un golpe fuerte a los valores democráticos por los que hemos trabajado”, indicó.
Subrayó que hay dos espacios clave para la justicia internacional en el caso venezolano: la Corte Penal Internacional (CPI) y los casos penales por corrupción abiertos en varios países.
“Hay más de 150 casos penales por lavados de activos y corrupción venezolana abiertos en 29 países del mundo, principalmente europeos, pero también en Argentina, Panamá, México y Ecuador (..) En este momento los dos espacios de justicia internacional que pueden crear más preocupación y estrés a funcionarios venezolanos son esos, porque son espacios en donde la libertad de esas personas están en juego”, arguyó.
Por su parte y para cerrar con el webinar Luis Carlos Díaz, periodista y ciberactivista, anticipó que seguramente en las próximas semanas se plantearán diálogos o negociaciones en el país.
A tal respecto recordó que la comunidad internacional debe encarar estos posibles espacios con una actitud distinta a las anteriores ocasiones y que no se puede obligar a la oposición venezolana a concurrir en situación de vulnerabilidad.
“La verdad es que la comunidad internacional abandonó a la oposición que firmó los acuerdos electorales, dejaron a la sociedad venezolana sola, y aún así se ganó -en las elecciones-. Se va a hablar de diálogo o negociación seguramente en las próximas semanas y hay que llegar en una posición de fortaleza. No se puede llevar a la oposición a una mesa de diálogo obligada sin que haya costos para el gobierno por violar los acuerdos”, concluyó.
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