La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro emitió sanciones contra 16 funcionarios venezolanos por su presunta responsabilidad en el “fraude electoral” del 28 de julio, donde se dio por ganador a Nicolás Maduro.
“Hoy, Estados Unidos está tomando medidas decisivas contra Maduro y sus representantes por su represión del pueblo venezolano y la negación de los derechos de sus ciudadanos a una elección libre y justa”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.
Adeyemo apuntó que la administración de Joe Biden apunta a “funcionarios clave involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria de Maduro y su brutal represión de la libertad de expresión después de las elecciones, mientras la abrumadora mayoría de los venezolanos piden un cambio”.
Entre los sancionados se encuentran cinco magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), incluida su presidenta Caryslia Beatriz Rodríguez. También se incluyeron rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), miembros de la Asamblea Nacional electa en 2020, fiscales y directores de cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional.
La OFAC recordó que desde las elecciones del 28 de julio, Maduro y sus representantes “han arrestado indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles y han desplegado una serie de tácticas de intimidación para silenciar a la oposición”. Estos actos incluyen la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, a quien EEUU considera reconoce como el vencedor de la contienda electoral, que lo obligó a salir de Venezuela para buscar asilo en España.
Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta
Magistrado del TSJ desde el año 2014. Actualmente desempeña funciones en la Sala Constitucional y, anteriormente, fue magistrado de la Sala Político Administrativa.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, según los medios, Figueroa, en su calidad de juez del TSJ, Figueroa apoyó la decisión de la Sala Electoral de revisar y certificar la afirmación del CNE de que Nicolás Maduro había ganado las elecciones.
Figueroa fue uno de los participantes del peritaje que hizo el TSJ el CNE y estuvo involucrado en la citación de candidatos presidenciales y líderes de partidos políticos al TSJ como parte del proceso de revisión electoral respaldado por Maduro.
El 15 de abril de 2019, el gobierno de Canadá sancionó a Figueroa por socavar la democracia.
Malaquías Gil Rodríguez
Magistrado del TSJ y presidente de la Sala Político Administrativa desde el año 2022. Anteriormente se desempeñó como vicepresidente de la Sala Electoral del TSJ; ocupa un cargo en el Poder Judicial desde 2010.
Según fuentes fidedignas que cita la OFAC, Gil “ha obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado”.
El 30 de mayo de 2018, el gobierno de Canadá sancionó a Gil por corrupción y violación de los derechos humanos.
Juan Carlos Hidalgo Pandares
Magistrado vicepresidente de la Sala Político Administrativa del TSJ desde 2022. Anteriormente, Hidalgo se desempeñó como general de la Guardia Nacional Bolivariana y fiscal general del Ejército.
Según fuentes que cita el Departamento del Tesoro, Hidalgo “ha obstruido la democracia” al descalificar la candidatura presidencial de la líder opositora María Corina Machado.
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez
Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia desde enero de 2024. En el pasado estuvo alineada con el oficialismo al ser militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y se desconoce si renunció a esa militancia al pasar a dirigir el máximo tribunal.
La OFAC señala a Rodríguez y la Sala Electoral de certificar la afirmación “infundada” de Maduro de que había ganado las elecciones a pesar de las acusaciones “bien fundadas de fraude electoral generalizado en las elecciones de julio”.
Fanny Beatriz Márquez Cordero
Vicepresidenta del TSJ y miembro de la Sala Electoral, también forma parte de los funcionarios de la Sala Electoral que supervisaron el proceso de valoración técnica del material probatorio presentado por el CNE.
Varios medios de comunicación también apuntaron que Márquez estaba entre los funcionarios de la Sala Electoral que certificaron la afirmación infundada de victoria de Maduro.
Edward Miguel Briceño Cisneros
Juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia con jurisdicción sobre Terrorismo, quien comenzó a ser nombrado hace poco tras firmar la orden de captura contra el candidato opositor Edmundo González Urrutia.
Briceño giró la orden menos de una hora después de que el Ministerio Público la solicitara por los cargos de los supuestos delitos de “usurpación de funciones, instigación a la desobediencia a las leyes, conspiración, sabotaje para dañar sistemas y asociación”.
Luis Ernesto Duenez Reyes
Es fiscal del Ministerio Público y fue emitió las citaciones al candidato presidencial opositor Edmundo González.
Cabe recordar que González Urrutia salió del Venezuela el pasado sábado 7 de septiembre tras solicitar asilo político en España.
Rosalba Gil Pacheco
Rectora del Consejo Nacional Electoral que desde 2023 se desempeña como presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE. También se desempeñó como secretaria de la Asamblea Nacional oficialista desde enero de 2021.
Según el Departamento del Tesoro, Gil Pacheco “ha obstruido la democracia al establecer una nueva regla restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, al instituir irregularidades en el registro electoral y al retrasar intencionalmente los procesos en los centros de votación”.
También, el organismo norteamericano recordó que Gil Pacheco declaró a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales sin publicar los resultados a nivel de distrito electoral y sin realizar las auditorías requeridas del sistema de votación electrónica del país.
Antonio José Meneses Rodríguez
Secretario General del CNE en funciones desde agosto de 2023. Antes de desempeñarse en el CNE, también firmó el documento de la Contraloría que confirmaba la inhabilitación de María Corina Machado.
Meneses, según informes de prensa, instituyó una nueva norma restrictiva para la elegibilidad de los fiscales electorales, introduciendo irregularidades en el registro electoral y demorando intencionalmente los procesos en los centros de votación.
Dinorah Yoselin Bustamante Puerta
Fiscal que presta servicios en el Juzgado Primero de Letras Especializado, una oficina dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Según Fuentes, “Bustamante obstruyó la democracia y el estado de derecho al iniciar procesos penales con motivaciones políticas, que resultaron en la detención arbitraria de miembros de la Asamblea Nacional de 2015 reconocida por Estados Unidos y otros funcionarios opuestos a Maduro”.
La Unión Europea, el Reino Unido y Suiza sancionaron a Bustamante en 2020 según bases de datos de sanciones.
Pedro José Infante Aparicio
Actualmente se desempeña como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional electa en 2020.
También se desempeñó como presidente de la Comisión Especial de Investigación y Procesamiento de Partidos de Oposición y Representantes de la Legislatura 2016-2021 por el Despojo y Robo de Citgo como parte de la campaña “Furia Bolivariana” lanzada en enero de 2024 contra la oposición. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, en ese cargo, “la comisión citó a varios miembros de la oposición en procesos aparentemente con motivaciones políticas”.
Domingo Antonio Hernández Larez
Comandante Operacional Estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) desde julio de 2021. Anteriormente se desempeñó como Comandante de la Región Estratégica de la Capital de Defensa Integral (REDI-Capital).
Hernández fue denunciado por un defensor de derechos humanos en 2019 ·como represor de Maduro debido al aumento de la represión y el hostigamiento sistemático por parte de los organismos de inteligencia y seguridad registrados en las zonas bajo su control”.
Además, según diversas notas de prensa, la FANB ha llevado a cabo “actos de represión contra los venezolanos, incluyendo detenciones arbitrarias y amenazas a quienes participan en protestas pacíficas”.
De acuerdo con la página web de la ONG Control Ciudadano, Hernandez Lárez previo a su designación como comandante del Ceofanb, participó ten las detenciones realizadas con motivo de la llamada “Operación Gedeón” en mayo de 2020.
Elio Ramon Estrada Paredes
Es el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) desde julio de 2023. En ese cargo, Estrada lidera la Dirección Antiterrorista de la GNB que realiza labores de inteligencia para detectar y capturar a los implicados en presuntos planes desestabilizadores y otros delitos.
Bajo el mando de Estrada y antes de las elecciones, según reseña el Departamento del Tesoro, “la GNB acosó y detuvo a venezolanos bajo sospecha de apoyar materialmente a Machado durante la campaña electoral, según numerosas fuentes de prensa”.
Además, Estrada lideró a la GNB en la detención de miles de manifestantes en favor de la democracia después de las elecciones del 28 de julio.
Johan Alexander Hernández Larez
Comandante de la REDI Capital de la GNB. Anteriormente se desempeñó anteriormente como General de División de la Zona de Defensa Integral del Estado Miranda, o Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Miranda, comúnmente conocida como ZODI Estado Miranda.
Asdrúbal José Brito Hernández
Director de Investigaciones Criminales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Anteriormente fue director de contrainteligencia de la delegación presidencial.
Brito es identificado como “torturador” en informes de las Naciones Unidas y, según múltiples artículos de prensa, la Dgcim ha liderado una campaña coordinada llamada “Operación TunTun” para acosar, “detener y arrestar arbitrariamente a miembros de la oposición y de la sociedad civil después de las elecciones”.
Miguel Antonio Muñoz Palacios
Subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) desde 2021.
La OFAC recordó que el Sebin ha llevado a cabo arrestos y detenciones por motivos políticos de Maduro de líderes de la oposición, voluntarios, trabajadores electorales y testigos electorales.
Además, Muñoz es uno de los principales líderes del “Grupo Pitbull de Venezuela”, integrado por personal del Sebin de la Dgcim, el cual tenía la tarea de hacer el “trabajo sucio” y no existían parámetros legales sobre lo que se les encomendaba hacer.
También se creía que el Grupo Pitbull era responsable de secuestros y asesinatos. El Departamento del Tesoro señaló además que es probable que el grupo secuestrara a personas para presionarlas a que le dieran dinero a la organización. “El Grupo Pitbull utilizó ese dinero para otros fines operativos”, acotó.
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