El Sindicado Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó las declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien en su programa semanal de televisión acusó a medios independientes y periodistas de ser financiados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Según Cabello, esa instancia del gobierno estadounidense manejaba una “partida especial para el pago de periodistas, encargados de masificar las informaciones y declaraciones de personajes de la Plataforma Unitaria”. El vocero oficialista mencionó a una serie de portales y sitios de noticia como El Pitazo, La Patilla, VPI, Crónica Uno y Efecto Cocuyo que supuestamente recibirían estos fondos.
No obstante, el SNTP fue enfático en destacar que Cabello “no mostró elementos que probaran sus dichos” y consideró que esta intimidación “atenta contra la libertad de expresión y el acceso a la información”.
Desprestigio, persecución y censura
A finales de agosto de 2024, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) alertó sobre el “desmantelamiento gradual de la prensa crítica en Venezuela en los últimos 13 años”, fenómeno que alertaron se produce en conjunto con “campañas de desprestigio en medios estatales, y decisiones judiciales que permiten la censura”, según afirmó Carlos Lauría, coordinador del CPJ para América.
De acuerdo con cifras de la ONG Espacio Público, desde el año 2007 han cerrado al menos 430 medios de comunicación en Venezuela, correspondientes a 330 emisoras de radio, 87 medios impresos, 19 canales de televisión y 13 medios digitales.
A este panorama se suma la detención de periodistas y trabajadores de la prensa. 13 de ellos siguen tras las rejas, nueve fueron detenidos en el contexto poselectoral y tres en los meses previos a las presidenciales.
El pasado 21 de noviembre, la Misión de Observación Internacional sobre Libertad de Prensa en Venezuela, conformada por La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Free Press Unlimited (FPU), Freedom House, Fundamedios, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Voces del Sur, publicaron un informe titulado “Restricciones a la libertad de prensa y asfixia mediática en el contexto electoral en Venezuela” en el que se destacaron las duras condiciones del ejercicio del periodismo en el país.
En el reporte se destacó la anulación de pasaportes a periodistas, una situación que pudo constatar directamente con los afectados. Según su relato, esta medida intensificó la persecución contra comunicadores, en un contexto marcado por denuncias de posible fraude electoral. En total, se documentaron 62 agresiones relacionadas con su labor.
Se advirtió también que el miedo “ha llevado a los periodistas a recurrir a la autocensura como mecanismo de autoprotección”.
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