Este lunes, 23 de septiembre, el activista de derechos humanos y director general del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), Walter Márquez, informó en un comunicado que presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) nuevas pruebas que presuntamente involucran a Nicolás Maduro en crímenes de lesa humanidad.
Márquez indicó que los recaudos presentados se refieren a la denuncia sobre persecución, deportación, desplazamiento y destrucción de más de 200 viviendas de ciudadanos colombianos durante el cierre fronterizo a partir del 19 de agosto del 2015.
“Son más de 11.560 víctimas que se presentaron en los recursos de apelación del caso Venezuela I, luego de que el fiscal de la CPI, Karim Khan, abriera la averiguación el 3 de noviembre de 2021”, expresó Márquez.
Explicó que la Sala de Asuntos Preliminares del Tribunal Mundial ratificó el 27 de junio de 2023 la facultad del fiscal de abrir la averiguación, y la confirmó la Sala de Apelaciones el 1 de marzo de 2024.
El comunicado indicó que Walter Márquez visitó la Oficina de Víctimas Participación y Reparación y en la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI. Él amplió los recaudos sobre 24 mil víctimas que están documentadas en el Registro Único de Damnificados, en una causa consignada en enero del 2016 y ratificada en 2019.
“Son nuevas pruebas sobre la responsabilidad penal en contra del Jefe de Estado y los integrantes de su equipo gubernamental, como el Fiscal, el Contralor, rectores y magistrados del CNE y del TSJ”, declaró.
Celeridad en el caso Venezuela I
En el documento, Walter Márquez afirmó que participó en una conferencia en Madrid, organizada por el Observatorio Geopolítico de América Latina (OGAL), el pasado 12 de septiembre.
Márquez narró que, en el escrito consignado, reclamó al Tribunal Internacional celeridad procesal en la investigación del caso Venezuela I, por crímenes de lesa humanidad y prisión perpetua contra Nicolás Maduro.
En 2018 la CPI anunció la apertura del examen preliminar luego de que Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú solicitaron una investigación por crímenes de lesa humanidad ocurridos desde el 12 de febrero de 2014.
Ese Día de la Juventud terminó con tres muertos, 66 heridos y 69 detenidos, según cifras oficiales, señaló el comunicado.
Las protestas se extendieron por todo el país hasta junio de 2014 con saldo de 43 muertos y centenares de heridos. Tres años después, el examen preliminar se convirtió en una investigación oficial en 2021.
*Con información de El Carabobeño
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