Voceros de varias ONG venezolanas esperan que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) renueve esta semana por dos años la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela.
A finales de esta semana, en la ciudad de Ginebra, los países integrantes del Consejo de DDHH votarán para determinar si las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro deben continuar.
“Lo que se va a votar es la prórroga por dos años más de la Misión y también se insta al gobierno venezolano para que reanude la colaboración con el Alto Comisionado de los DDHH y que venga a Venezuela luego de haber sido expulsado”, dijo Laura Louza, directora y fundadora de Acceso a la Justicia.
La Misión fue creada en 2019 y está presidida por la abogada portuguesa Marta Valiñas. Su objetivo es evaluar la situación de DDHH en Venezuela y emitir informes sobre eventuales atropellos cometidos por el régimen madurista.
“El contexto represivo reitera la importancia de mecanismos de monitoreo e incidencia sobre la situación de derechos humanos en Venezuela”, dijo Rafael Uzcátegui, director de la ONG Laboratorio de Paz.
“Nosotros venimos trabajando para esa renovación desde comienzos de año, hablando con los países que tienen voto en el Consejo de DDHH”, agregó Uzcátegui.
Misión complementa a la CPI
Uzcátegui sentenció que el trabajo de la Misión complementa al que está haciendo la Corte Penal Internacional (CPI).
“La comunidad internacional necesita nuevos mecanismos de abordaje a la ruptura del Estado de derecho en los países, pero mientras se crean, es importante mantener activos los ya existentes. Esperamos que en algún momento se inicie una investigación por un caso concreto en la CPI”.
El coordinador legal de la ONG Provea, Marino Alvarado, agregó que cada documentación que se haga es un camino para que las víctimas consigan justicia.
“La impunidad no es una opción, los responsables de los crímenes de lesa humanidad deben rendir cuentas, la Misión de Determinación de Hechos debe renovarse”, expresó.
Según cifras del propio gobierno, luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, al menos 2.400 personas fueron detenidas. En las protestas se registraron 24 muertes violentas.
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