La Asociación Civil Súmate denunció que este pasado domingo 17 de noviembre, su coordinadora nacional de formación ciudadana Nélida Sánchez cumplió 84 días detenida.
“Debe estar libre junto a su familia, la decisión del juez del tribunal tercero de control con competencia en terrorismo, Angel Betancourt, de ordenar su pase a juicio basada en un acta policial ausente de hechos veraces, oscurece aun mas el desempeno de la administracion de justicia”, escribio la organizacion en su cuenta de X.
Durante la audiencia preliminar efectuada el pasado 6 de noviembre, el juez del tribunal ordenó el pase a juicio de la defensora de derechos humanos.
Súmate insiste en que Sánchez está siendo procesada sobre la base de un acta policial forjada.
“Como organización ciudadana expresamos nuestro rechazo y repudio a esta nueva decisión judicial de autorizar el enjuiciamiento con base en un acta policial forjada, ya que se eso incrementa el desasosiego, la angustia y el dolor de nuestra compañera”.
La organización manifestó además que en el caso de Sánchez le ha sido violado su derecho a disponer de abogados de confianza estipulado en el artículo 44 de la Constitución Nacional.
Denunciaron además que durante la audiencia, el juez desestimó sin justificación los argumentos presentados por la defensa pública.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en septiembre de este año medidas cautelares a Sánchez.
La activista fue detenida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) el pasado 26 de agosto y se desconoció de su paradero hasta el 29 cuando familiares y colegas recibieron la noticia de que fue recluida en El Helicoide.
De acuerdo a un reporte de Súmate, Sánchez padece una afección cardíaca, fibromialgia y asma y las inapropiadas condiciones sanitarias en las que se encuentra podrían empeorar su situación.
“Sánchez se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos, entre ellos los derechos a la vida e integridad personal. Su detención podría tener por objeto intimidar a la propuesta beneficiaria, obstaculizando el ejercicio de sus labores de defensa de derechos humanos”.
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