Los Espuelazos
El contexto político nacional determina opinar sin medias tintas sobre los eventos que marcan la agenda en este 2025. Uno es el referente a la participación o abstención en las próximas elecciones de mayo de este año, y otro el relacionado con la iniciativa madurista de promover una reforma constitucional en los próximos 80 días.
Sin menoscabo de otros episodios de la vida nacional, como son la suspensión de la licencia 41 a Chevron, el desconocimiento al resultado de las elecciones presidenciales del 28-J 2024, la ominosa persecución a opositores, la violación de DD. HH. a los presos políticos, la persistencia de un salario mínimo que hoy es inferior a 2$ luego de 3 años del último aumento, entre tantos desmanes de los poderes públicos, debemos reconocer que los eventos citados inicialmente marcarán la pauta del presente año.
Por su parte, el régimen centra su estrategia en profundizar la división opositora en torno al debate sobre si participar o no en las elecciones. Con ello trata de lanzar una cortina de humo sobre su caballo de Troya: la comisión de incondicionales encargada de reformar la Constitución, cuyo encargo es nada más y nada menos que fraguar, tras bambalinas, el nuevo Estado.

En torno a las elecciones, manifiesto mi preocupación, que se centra en la camada de zorros y camaleones que propugnan la participación: desde el reconocible “grupo de alacranes” tarifados como nómina del Ejecutivo nacional, quienes refrendan su condición en cada elección que convoca el Ejecutivo, hasta los recién incorporados, exintegrantes de la maltrecha Plataforma Unitaria, cuya característica común es su resentimiento por no aceptar el nuevo liderazgo opositor legitimado en las primarias de 2023 y en las presidenciales del 28-J 2024.
Todos ellos, junto con los incautos de buen corazón, conforman un coro de guacharacas electoralistas que pretenden legitimar con su presencia a un régimen náufrago que se sostiene en las bayonetas. En todo caso, cada quien tiene derecho a expresar su posición.
Ahora bien, el alcance de su decisión de inscribir sus candidaturas lo va a sancionar el electorado, cuyo 80 %, según las encuestas, rechaza convalidar la farsa electoral tras el escandaloso robo de las elecciones presidenciales. Lo cierto del caso es que, al proyectarse una votación insignificante, terminarán echando la culpa a quienes convocaron a la abstención, como lo hicieron en 2018 con la ilegal elección presidencial.
Queda entonces la gran tarea: derrotar el intento de reforma constitucional como lo logró la sociedad civil en 2007 ante la consulta promovida por Hugo Chávez, luego derrotada en diciembre de ese año, lo cual provocó la ira del autoritario presidente.
Veamos qué plantea la CRBV de 1999 en materia de reforma constitucional. Analicemos dos artículos:
Artículo 342
“La reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. La iniciativa de la reforma de esta Constitución podrán tomarla la Asamblea Nacional mediante acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros; o un número no menor del quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral que lo soliciten”
Artículo 344
“El proyecto de reforma constitucional aprobado por la Asamblea Nacional se someterá a referendo dentro de los treinta días siguientes a su sanción. El referendo se pronunciará en conjunto sobre la reforma, pero podrá votarse separadamente hasta una tercera parte de ella, si así lo aprobara un número no menor de una tercera parte de la Asamblea Nacional o si en la iniciativa de reforma así lo hubiere solicitado el presidente o presidenta de la República o un número no menor del cinco por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral”.
En resumen, por muchas maromas y truculencias, dicha reforma constitucional deberá ser sometida a la consulta del electorado, siendo para nosotros una oportunidad, más allá de la existencia de un CNE controlado por la tiranía, de repetir la hazaña del 28 de julio pasado, desechando las intenciones de un régimen de implantar un Estado comunal corporativo como cerrojo a todo un país.
En esa dirección, el frente nacional contra la reforma constitucional madurista debe estar integrado por todos los sectores de la vida nacional: jóvenes, trabajadores, empresarios, militares, partidos políticos, Iglesia e independientes, dispuestos a preservar el orden constitucional y nuestra democracia.
*Movimiento Laborista
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