Los Espuelazos
Una denuncia sobre las políticas migratorias de Estados Unidos en contra de los venezolanos fue presentada por la Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) y el relator especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes en Ginebra, Suiza.
“Condenamos este atropello a sus derechos fundamentales auspiciado por el gobierno de Nayib Bukele. Llamamos a la comunidad internacional a condenar estos repudiables comportamientos que sin lugar a dudas involucionan el devenir de la humanidad”, consideraron.
La carta fue suscrita por organizaciones populares y defensores de derechos humanos, movimientos sociales ycolectivos solidarios. En ella, expresan “profunda preocupación” por la invocación de la Ley Enemigos Extranjeros, emitida el pasado 14 de marzo de 2025 por el Gobierno de los Estados Unidos de América, y sus “graves implicaciones contra la comunidad migrante venezolana”.
Aseguran que la proclama criminaliza de forma masiva a personas migrantes por el solo hecho de ser venezolanos: “Todos los ciudadanos de esa nacionalidad mayores 14 años son considerados potenciales ‘enemigos’, sin necesidad de juicio, pruebas o antecedentes penales”.
Alertan que la medida además habilita “detenciones arbitrarias, deportaciones. traslados forzados y la confiscación de bienes, en
clara violación de normas fundamentales del derecho internacional y de los derechos humanos”.
Especifican que, en concreto, la medida contradice abiertamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los principios de no discriminación y no devolución.
“Se trata de una forma institucionalizada de castigo colectivo basado en la nacionalidad, contraria a todo estándar de justicia forma institucionalizada de castigo internacional”, insisten.
A juicio de los expertos en derechos humanos que radicaron la denuncia, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 es una “legislación anacrónica vinculada históricamente a la represión de minorías y la creación de campos de concentración” y representa “un peligroso precedente que pone en riesgo a toda América Latina y el Caribe, y por extensión, a los principios más básicos del sistema internacional de protección”.
Un crimen de lesa humanidad
Los denunciantes consideraron como alarmante el traslado forzoso de 255 venezolanos a El Salvador, confinados en el centro penitenciario de máxima seguridad CECOT, “sin proceso judicial y en condiciones degradantes”.
“Esta medida, además de inhumana, podría constituir un crimen de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma, al implicar persecución y privación grave de la libertad por razones políticas o de origen nacional”, recalcan.
La Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social resalta que esta política no surge en el vacío, sino que forma parte de un contexto de “presiones multilaterales, criminalización de la migración y aplicación de medidas coercitivas unilaterales” que han forzado a miles de personas a abandonar su país de origen en busca de mejores condiciones de vida.
“Ahora, esas mismas víctimas son perseguidas bajo una narrativa de seguridad que normaliza la violencia institucional contra poblaciones migrantes”, acotaron.
En la misiva consignada, instaron a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos a que se pronuncien “con urgencia” sobre estos hechos, solicitar el cese inmediato de esta política y exigir a los Estados involucrados el respeto al derecho internacional.
Los Espuelazos
