45 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron este martes 10 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos, que Venezuela “ponga fin a la ola de represión contra opositores políticos y manifestantes que se está intensificando en todo el país y libere de forma incondicional e inmediata a los detenidos arbitrariamente”.
La declaración fue leída ante el Consejo de Naciones Unidas por la ministra de Relaciones Exteriores, la argentina Diana Mondino.
Los firmantes solicitaron a las autoridades venezolanas que respeten sin restricciones “las normas internacionales sobre el debido proceso y las condiciones de detención”.
Entre los Estados que apoyan la declaración se encuentran naciones latinoamericanas como Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, junto a Estados miembros de la Unión Europea como España, Portugal, Italia, Francia y Alemania, así como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Japón y Canadá.
Este lunes 9 una treintena de ONG instaron a la ONU a renovar su Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela e hicieron hincapié en la importancia de que exista una “rendición de cuentas a medida que aumenta la represión postelectoral”.
“Tras las elecciones presidenciales, las y los venezolanos se enfrentan a una brutal represión contra quienes ejercieron su derecho a la participación política y a la protesta, líderes políticos, periodistas, personas defensoras de los Derechos Humanos y otras personas opositoras o percibidas como tales, lo que hace que la necesidad de renovar el mandato de los expertos sea más urgente que nunca”, indicaron en un comunicado organizaciones, entre las que se encuentran Acceso a la Justicia, Amnistía Internacional, AlertaVenezuela, Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y Human Rights Watch.
Las ONG denunciaron que desde el 29 de julio, las autoridades venezolanas han activado su política de represión, violando DDHH incluyendo a la vida, las garantías judiciales y la libertad.
“El sistema judicial venezolano, incluidos el Tribunal Supremo de Justicia o la Fiscalía General, carecen de independencia e imparcialidad. Otras condiciones estructurales que facilitan la comisión de graves abusos y llevaron a la creación de la misión persisten y se han agravado, incluyendo la impunidad y la falta de independencia judicial y de reparación a las víctimas”, recoge el texto.
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