De acuerdo a cifras recientes del Foro Penal, 70 menores continúan detenidos. Los niños fueron arrestados después de las elecciones presidenciales del 28 de julio y las familias han denunciado violación del debido proceso, maltratos físicos y psicológico. Sobre este tema, conversó la socióloga, educadora y defensora de los derechos humanos, Ligia Bolívar, con Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrun.es, en un space en la red social X que tuvo lugar la noche del 10 de octubre.
Bolívar aseguró que a todos los detenidos, en contexto poselectoral, se les están imputando los mismos delitos, entre ellos, terrorismo e instigación al odio: “Esto no sucede por casualidad. El mismo Tareck William Saab dijo cuáles eran los delitos que iban a aplicar, esto fue un juicio anticipado y no consideran las características particulares de cada persona”.
Recordó que en el 2014 sucedió una situación similar en Nueva Esparta, cuando cinco jóvenes fueron arrestados por lanzar una piedra a un funcionario. “No se individualiza, lo cual es un principio básico del Código Penal. A toda persona que agarran le asignan este paquete, esto es gravísimo, y por eso son las audiencias telemáticas, porque solo hay dos tribunales antiterrorismo y están en Caracas”.
Explicó que las audiencias telemáticas impiden que se pueda ver cuáles son las circunstancias de cada uno de los detenidos.
¿Qué está ocurriendo con los menores detenidos en Venezuela?
— Runrunes (@RunRunesWeb) October 10, 2024
Sin defensa privada
Sin importar la ciudad o el lugar donde fueron detenidos, los jóvenes, adultos y niños apresados después de las elecciones no tienen derecho a una defensa privada. Bolívar indicó que esta situación inició este año y se evidenció en el arresto de Rocío San Miguel, quien no ha tenido oportunidad de ser defendida por sus abogados de confianza.
La especialista en derechos humanos aclaró que no existe ningún tipo de esfuerzo por parte de la defensa pública. Dijo que no existe evidencia de que un defensor público haya entregado pruebas de maltrato o de las violaciones a la ley venezolana, a pesar de las reiteradas denuncias de los familiares.
Se refirió al caso de los niños detenidos que no aceptaron ser culpables y fueron enviados a juicio. “Cuando un juez le dice a un detenido que debe admitir los hechos, el defensor público debe intervenir, y se nota que no están a favor de su representado”.
Señaló que ningún defensor está trabajando en una estrategia de defensa, ya que no pueden ir en contra de lo que dictaminó el Ministerio Público.
Bolívar mencionó que la defensa pública “siempre ha sido una institución muy golpeada, algo así como el ‘patito feo de la justicia’, pero nunca había sido manipulado como ahora”.
Algunos familiares han reportado que los detenidos se encuentran en una situación precaria y han sido víctimas de torturas tanto físicas como psicológicas.
“Lamentablemente, los detenidos están enfrentando un sistema penal inhumano. Aunque el Estado intente vender lo contrario, no se puede. Los detenidos fueron cambiados de un centro a otro, hay hombres y mujeres en el mismo sitio, sin ninguna distinción”, dijo.
Añadió que en los lugares de detención “están hacinados y los familiares deben pagar por todo, ropa, comida, medicinas. Es una práctica habitual en las cárceles venezolanas y son las mismas situaciones que sufren los presos del resto del país. Ahí podemos ver que no hay discriminación”.
Situación de los familiares de los detenidos
“Las familias están presas con los detenidos”, afirmó la defensora. Se refirió al sacrificio que hacen para asistir los días correspondientes de visitas, llevar comida, ropa y medicinas.
“Lo que existe en un país normal, en Venezuela no existe. Los detenidos no tienen medicamentos, ropa o comida, todo esto debe ser provisto por las familias, además del costo de traslado, porque muchos están detenidos lejos de sus casas”, indicó.
La Defensoría del Pueblo, ausente
Sobre la Defensoría del Pueblo, la experta en DDHH opinó que “está jugando un papelón”.
“La última publicación de Alfredo Ruiz (defensor del pueblo) fue el 27 de septiembre. ‘¿Qué está pasando?’ ‘¿Este es un país distinto a lo que vive el defensor del pueblo, no sabe lo que pasa en el país?’”, se preguntó.
Aseveró que la institución está “ciega, sorda y muda ante todo lo que está pasando”. La defensora de la organización Alerta Venezuela también recordó que tanto el defensor del pueblo como el fiscal general tienen sus periodos vencidos y esto significa que están usurpando funciones.
Bolívar puntualizó que -a nivel constitucional-, la Defensoría del Pueblo puede actuar de diferentes formas ante estos casos. “Puede comenzar por escuchar a las víctimas, muchas personas afirman que no se está respetando la defensa, entonces, este organismo debería investigar, comunicar y advertir”, precisó.
“Su papel es defender al pueblo y no lo que hace, está del lado del represor. Debería conocer los casos de oficio, hacer llamados a las autoridades e incluso levantar la voz en organismos internacionales”, sentenció.

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