La organización estadounidense sin fines de lucro Freedom House advirtió que la libertad de Internet en Venezuela “siguió estando muy restringida” y los venezolanos presentan dificultades para acceder a Internet y obtener información confiable por la “la desinformación progubernamental y los bloqueos a los medios de comunicación independientes”.
Así lo deja saber en su informe “Freedom on the Net” que evaluó la situación de Internet en Venezuela entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024.
De acuerdo con la investigación, para este período Venezuela se ubicó en el puesto 30 de 100 en cuanto a la puntuación de la libertad en Internet, bajando un renglón con respecto al informe anterior.
Obstáculos para el acceso a la información
Según fuentes de medición, la puntuación en este renglón mejoró de 2 a 3 porque las velocidades de Internet fija mejoraron durante el período de cobertura. Pero esto no quiere decir que todo es positivo.
El informe indicó que la crisis política y económica de Venezuela sigue afectando la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones del país y la calidad del acceso a Internet.
Resalta el deterioro de la infraestructura que sufre constantes fallos y se producen apagones frecuentes y velocidades de conexión deficientes. Incluso, el pasado 30 de agosto hubo un mega-apagón que limitó más del 80% de la conectividad en todo el país.
Según las estadísticas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la penetración de la banda ancha móvil se situó en el 52,3 por ciento en 2022, mientras que la penetración de la línea fija se mantuvo mucho más baja, en el 9,58 por ciento.
También, el Índice Global Speedtest de Ookla señaló en mayo de 2024 que las velocidades medias de banda ancha móvil de Venezuela se ubicaban entre las más lentas del mundo, en el puesto 138 entre 147 países analizados.
Por otra parte, el informe “Freedom on the Net” acotó que la actual crisis económica ha afectado a la capacidad de los venezolanos para costear servicios y dispositivos de Internet, ya que muchos deben destinar sus salarios a cubrir necesidades como alimentación y atención médica.
Sobre el costo del Internet, este ha aumentado y cada vez es más inasequible. Tanto Cantv como proveedores privados aumentaron las tarifas del servicio de Internet, y los planes más económicos de CANTV tienden a no estar disponibles para los nuevos contratos.
Aunque los usuarios no experimentan restricciones intencionales y prolongadas en la conectividad a Internet fija y móvil, el gobierno bloquea regularmente sitios web y plataformas de comunicación clave para minimizar la cobertura de noticias políticamente sensibles.
Límites del contenido
Durante el período de estudio del informe se evidenció que el gobierno de Nicolás Maduro bloqueó medios de comunicación digitales y algunas plataformas en línea durante el período de cobertura.
CANTV y varios proveedores privados “siguieron bloqueando varios sitios web de noticias independientes, lo que dificultó a los venezolanos acceder a información confiable en línea”.
El informe “Freedom on the Net” añadió que varios medios de comunicación independientes fueron bloqueados y que las autoridades también ordenaron a los proveedores de Internet que bloqueen sitios web que no sean de medios de comunicación independientes.
Por ejemplo, en vísperas de la primaria opositora de 2023, las autoridades ordenaron a los proveedores que bloquearan varios sitios web que proporcionaban información sobre las elecciones.
Ya en 2024, el gobierno intensificó aún más el bloqueo de medios digitales independientes y otras plataformas en línea en las semanas previas y posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio, después del período de cobertura.
Según el informe, expertos señalan que “la creciente censura del régimen de Maduro se está volviendo más sofisticada y más difícil de eludir”, ya que se necesitan redes privadas virtuales (VPN) y servicios de anonimización para eludir el filtrado HTTP, HTTPS y de identificación de nombre de servidor (SNI).
En otro orden de ideas, las detenciones, encarcelamientos y las restricciones legales y extralegales a ciertas formas de expresión en línea han fomentado una mayor “autocensura y censura preventiva en los medios de comunicación”.
Según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el “régimen de censura constante y sistemática” en Venezuela ha reforzado un clima de autocensura entre la prensa independiente.
Violaciones de los derechos de los usuarios
Aunque la Constitución de Venezuela garantiza la libertad de expresión, el gobierno ha aprobado leyes y reglamentos que restringen este derecho. Una de esas es la Ley Contra el Odio, la cual, según Espacio Público, “ha justificado detenciones, allanamientos, procesos judiciales arbitrarios, ataques físicos, acoso” y otros abusos desde su promulgación.
Por otro lado está la ley Resorte-ME, que fue modificada por la Asamblea Nacional en 2010, la cual incluye prohibiciones vagas y sanciones severas que otorgan a las autoridades una amplia discreción para restringir la libertad de expresión.
Durante el período de cobertura del informe “Freedom on the Net”, la Asamblea Nacional -de mayoría oficialista- consideró una propuesta de ley contra el fascismo, que restringiría ciertos “mensajes prohibidos, la cual establece sanciones penales para ciertos delitos, incluidas penas de prisión de 6 a 10 años para quienes propugnen el “fascismo”.
En este tiempo continuaron los arrestos y detenciones por actividades en línea, especialmente de periodistas, opositores políticos y activistas, a menudo bajo pretextos espurios como instigación al odio y otros cargos arbitrarios.
Asimismo, resaltó el informe que para acceder a líneas telefónicas o un módem USB es obligatorio registrar información personal. También, aunque la Constitución reconoce principios aplicables a la protección de datos personales, “no existen leyes ni reglamentos de telecomunicaciones dedicados a la protección de datos”.
El gobierno de Maduro dispone de mecanismos para recopilar datos personales de los ciudadanos mediante la implementación de programas públicos, como el Sistema Patria, que recopila la dirección y fecha de nacimiento de los usuarios, así como la afiliación a un partido político.
Se recordó además que la aplicación VenApp fue eliminada de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google el 31 de julio de 2024 después de que el gobierno de Maduro la utilizara para facilitar la represión contra los partidarios de la oposición tras las elecciones.
También, el gobierno ha tomado otras medidas para reforzar su capacidad de vigilancia. Detenciones de sindicalistas, trabajadores de la salud, periodistas y otras personas por mensajes en plataformas como WhatsApp y X indican que el gobierno ejerce vigilancia en esos espacios.
Por otra parte, periodistas digitales, activistas y otros disidentes en línea “enfrentan violencia, intimidación, amenazas y, a veces, ataques físicos por parte del Estado, las fuerzas de seguridad y los civiles, en un entorno de impunidad”.
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