El informe destacó que la protesta contra los resultados electorales anunciados por las autoridades y la respuesta represiva del Estado marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho
Este martes, 17 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU presentó un nuevo informe sobre la situación de Venezuela y afirmó que luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el Estado reactivó e intensificó la modalidad “más dura y violenta de su maquinaria de represión”.
El informe de la ONU señaló que el gobierno de Nicolás Maduro está cometiendo el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos. Según la Misión, que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas, el Estado se centra en “aplastar” a la oposición a través de acciones que son “parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir” a la disidencia.
El documento presentado inicialmente comprendía el periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto pasado; sin embargo, se actualizó e incluyó los eventos previos y posteriores a las controvertidas elecciones presidenciales.
“Violencia sin precedentes”
Misión de la ONU sobre #Venezuela denuncia intensificación de violaciones a los DDHH por policías, militares y grupos armados alineados a Maduro tras elecciones del 28J:
“Orquestado por los más altos niveles civiles y militares del gobierno”#HRC57 pic.twitter.com/ebhTGAxsvi
— PROVEA (@_Provea) September 17, 2024
A continuación siete claves sobre el más reciente informe de la ONU sobre la situación de Venezuela y en especial después de los comicios del 28 de julio:
La misión destacó que una vez conocidos los resultados electorales, la represión no sólo continuó enfocada en acallar a los miembros de la oposición, sino que se tornó “masiva e indiscriminada” y se dirigió contra cualquier persona que expresó su rechazo por la victoria de Nicolás Maduro.
Sobre las muertes en protestas los días 29 y 30 de julio, el informe señala que el Fiscal General (Tarek William Saab) reconoció la muerte de 25 personas y sin una investigación previa le atribuyó la totalidad de las muertes “a los grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados ‘comanditos’.
La misión reseñó los casos de detenciones arbitrarias de personas opositoras o percibidas como tales y aseguró que las mismas aumentaron notablemente durante la campaña electoral y, sobre todo, en los días que siguieron a las elecciones del 28 de julio.
“De las detenciones ocurridas antes de las elecciones, la misión tiene motivos razonables para creer que las autoridades llevaron a cabo al menos 39 detenciones arbitrarias (32 hombres y 7 mujeres) de personas opositoras o percibidas como tales”, apuntó la Misión y además agregó que en la gran mayoría en la gran mayoría de los casos investigados, las detenciones estuvieron acompañadas o seguidas de “graves y sistemáticas violaciones del debido proceso”.
Entre las personas detenidas se contaron numerosos miembros o simpatizantes de Vente Venezuela y otros partidos opositores. También se detuvo a dueños, familiares o trabajadores de empresas simplemente por prestar servicios de hospedaje. El informe destacó que la cifra de detenidos fue en constante aumento, pues tras dos días de protestas, el número de detenciones ascendió a 1.062 y una semana más tarde, Maduro se refirió una cifra de 2.229 detenidos, a los que calificó de “terroristas”
En relación con las detenciones posteriores al 28 de julio de 2024, la misión inició la investigación en al menos 27 casos de detenciones, incluidos las de 7 niños y niñas, en los que se obtuvo indicaciones preliminares de que podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración.
Aunque el número de casos de violencia sexual y basada en género se mantuvo en cifras relativamente bajas entre septiembre de 2023 y julio de 2024, tuvo un fuerte incremento tras las elecciones del 28 de julio, según el informe.
“Al igual que en los períodos de 2014-2019 y 2020-2023, los actos de violencia sexual y de género se cometieron principalmente durante las detenciones. Las personas detenidas y los familiares que las visitaron en los centros de detención –sobre todo mujeres y niñas- fueron las víctimas principales de estos actos”, dice el informe.
La misión concluyó, con motivos razonables para creer, que se produjeron actos de violencia sexual y de género en tres casos antes del 28 de julio de 2024 y en otros cuatro casos después de esta fecha.
El informe destacó que la protesta contra los resultados electorales anunciados por las autoridades y la respuesta represiva del Estado marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho. Por tal motivo, tiene motivos razonables para creer que algunas de las violaciones de los derechos humanos investigadas durante este período “representan una continuidad de la misma línea de conducta que la misión caracterizó en informes previos como crímenes de lesa humanidad”.
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