De acuerdo al director y fundador de la ONG Acceso a la Justicia Alí Daniels, en Venezuela no existe actualmente una suspensión de garantías de facto sino más bien “una suspensión de la Constitución”.
El abogado hizo la afirmación este martes 10 de septiembre durante una nueva edición de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual, la cual llevó por título Impactos legales y constitucionales del exilio de Edmundo González.
En el programa, que estuvo conducido por Víctor Amaya, director de Tal Cual y César Batiz, director de El Pitazo, Daniels aseguró que en Venezuela el estado de derecho no existe.
“Hay una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con respecto a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio que nadie ha leído, se publicaron cuatro párrafos y se pretende que eso sea la sentencia, esa sentencia además debe ser pública, todo esto habla de la decadente situación del sistema judicial en Venezuela”.
Al igual que con la decisión que desconoció a la elección primaria opositora de octubre de 2023, Daniels indicó que las sentencias siguen sin ser publicadas. “Igual pasa con las inhabilitaciones, algo tan importante es soportado por una decisión que nadie ha leído. Tenemos 6 años sin Ley de Presupuesto, dijeron que el instructivo de la Onapre no existe. Tenemos un gobierno que manda desde la inexistencia”.
Daniels comparó al gobierno de Nicolás Maduro con el régimen previo a la revolución francesa.
“Prácticamente nos están diciendo que tenemos que creerle al TSJ como un acto de fe. Las Repúblicas no son un acto de fe. Lo que pasó con el supuesto proceso de peritaje de los resultados del 28J es grave porque además de ser hecho por ellos mismos, no sabemos ni los nombres de los peritos ni la metodología que se empleó allí”.
El abogado enfatizó que el poder no está dando explicaciones.
“Desde el 28J, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha rendido cuentas. No existe el proceso de certificación de elecciones a cargo del TSJ”.
A juicio de Daniels aún no se ha cerrado el proceso electoral.
“Esto sucede con la publicación de la Gaceta Electoral con los resultados desagregados y eso no ha pasado. Un proceso electoral es un acto complejo que tiene diversos elementos verificables, hay una serie de actos que tienen que sucederse en el tiempo”.
Daniels no consiguió ilícito alguno en el hecho de que una coalición haya publicado las actas.
“El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) hizo lo mismo en el pasado, no es cierto que hay usurpación de funciones, porque esas actas son públicas”.
Para el abogado teóricamente es posible que la Sala Constitucional del TSJ diga que han habido violaciones a la ley y anule las pasadas elecciones.
“Pero es poco probable. El TSJ no es imparcial ni independiente y no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales como la Misión de Determinación de Hechos de la ONU. Ya no estamos en presencia de legitimidad, es un proceso entre la mentira y la verdad”.
Para Daniels, EGU si puede declarar
Pese a que respeta a su colega, José Vicente Haro, el abogado indicó que no comparte su posición sobre la imposibilidad de que el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia emita declaraciones durante su exilio en España.
“Ellos están apelando a la Convención de Asilo Diplomático de Caracas 1954 que no ha sido suscrita por España, la Convención del Estatuto de Refugiado que es el que ampara a González Urrutia no dice por lado alguno que no puede expresarse, ni dar declaraciones estando en proceso de asilo”.
Daniels se mostró en desacuerdo con el establecimiento de un gobierno en el exilio.
“Debemos exorcizar gobiernos interinos y paralelos, eso no genera solución alguna, lo que debería ocurrir es que el gobierno reconozca su derrota y genere un proceso de transición, debe haber un acuerdo político, porque desde el punto de vista estrictamente normativo no puede haber una juramentación el venidero 10 de enero”.
Daniels condenó la posibilidad de cualquier cambio en Venezuela a través de la violencia.
“Como organización vinculada a los derechos hubimos abogamos por la paz y actualmente hay elementos para pensar que pudiese generarse algún tipo de acuerdo, como el desconocimiento al gobierno venezolano de las administraciones de Brasil y Colombia”.
González Urrutia llegó el domingo pasado a Madrid luego de permanecer en la embajada española en Caracas y previamente en la sede diplomática de los Países Bajos, también en la capital venezolana.
Khan debe apartarse
Según Daniels, lo éticamente correcto es que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan se retire del caso venezolano, después que The Washington Post revelara que su cuñada es defensora de Maduro.
A juicio del abogado, desde el punto de vista legal no hay método para forzar la salida de Khan porque en este caso no se puede apelar a la recusación.
“Un lazo sanguíneo es una causal de recusación, pero en términos legales sólo puede recusar el investigado o acusado, cosa que todavía no existe y por tanto nadie está jurídicamente capacitado para hacerlo. A mi juicio este estatuto debería cambiar y permitir la participación de las víctimas”.
Para Daniels, toda ética tiene una estética.
“Y en esta oportunidad la estética no concuerda con la ética que pregona. Lo que invoco es el sentido común, porque obviamente una víctima pudiese mostrar incomodidad ante este hecho”.
El director de Acceso a la Justicia indicó que si el fiscal de la CPI decide hacerse a un lado, dispone de fiscales adjuntos.
“Hasta donde yo he visto, la actuación del fiscal ha sido imparcial e independiente, yo lo juzgo no por lo que dice, sino por lo que ha hecho hasta ahora”.
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