De acuerdo a un informe de la ONG Fundaredes, la situación en la frontera colombo-venezuela sigue afectando a cientos de personas en cuanto a acceso a servicios públicos, dinámicas migratorias y situación de derechos civiles y políticos.
Según Fundaredes, los apagones siguen siendo uno de los principales problemas en los municipios fronterizos del estado Táchira.
De acuerdo a relatos de vecinos, en algunas ocasiones las interrupciones del servicio eléctrico superan en promedio las 20 horas y el temor por experimentar un apagón nacional similar al del pasado 30 de agosto o al de marzo de 2019 son cada día más latentes.
El informe también señala que la situación del agua potable se ha agravado en la región.
Fundaredes igualmente expone que las dinámicas comerciales entre Venezuela y Colombia se han visto afectadas por el paro de transporte y carga pesada en Colombia. ”Esta situación ha paralizado el comercio y el tránsito entre los dos países, impactando tanto a grandes comerciantes como a pequeños negocios fronterizos”.
Asimismo exponen que la incertidumbre económica en Venezuela ha incrementado el flujo migratorio, con un aumento del 30% en la cantidad de personas que se trasladan hacia la frontera durante agosto y septiembre.
Subraya que en Táchira persiste un clima de amedrentamiento y persecución contra activistas y ciudadanos que protestan por la falta de servicios y la crisis económica.
“Las constantes denuncias de detenciones arbitrarias y ataques a la libertad de expresión evidencian la falta de garantías para los derechos humanos en la frontera”.
El informe hace hincapié en que la salud pública en la región fronteriza ha sido motivo de preocupación, en vista de que cuatro municipios del estado Táchira han sido identificados como más propensos a registrar casos de dengue.
“Las malas condiciones de los servicios públicos, combinadas con la falta de programas de fumigación, han contribuido a un aumento en los casos, poniendo en riesgo a la población más vulnerable, especialmente niños y ancianos”.
Fundaredes señala que la desconfianza en las autoridades venezolanas, sumada a la persistente crisis económica y política, ha dejado a la región en un estado de incertidumbre, dificultando cualquier intento de reactivar las dinámicas transfronterizas.
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