Los medios de comunicación y las organizaciones dedicadas a los derechos humanos, una vez más, desempeñaron un papel crucial en la elaboración del más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones (ONU). En el documento, los expertos documentaron torturas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias a personas identificadas como opositoras y a menores de edad.
La Misión de la ONU destacó en el reporte que “25 personas fueron asesinadas por arma de fuego en los recientes hechos de violencia. Cientos de personas más resultaron heridas y miles más fueron detenidas simplemente por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión”.
Cabe recordar que recientemente la Misión de la ONU fue renovada por dos años más y reiteraron: “La Misión continuará con las investigaciones ya iniciadas sobre la situación de los derechos humanos antes, durante y después de las elecciones presidenciales de 2024, y sobre la violencia por parte de individuos armados conocidos como “colectivos”, tal como lo solicitó el Consejo de Derechos Humanos”.
Una vez más, el periodismo venezolano desempeñó un papel crucial en la documentación de los hechos que denunció la Misión de la ONU antes, durante y después del 28 de julio y que podrían configurar crímenes de lesa humanidad, según advirtieron en el informe ampliado publicado este 15 de octubre.
El nuevo informe incluye citas de reconocidos medios de comunicación del país, como RunRun.es, El Pitazo, TalCual, Correo del Caroní, Efecto Cocuyo, Crónica Uno.
Cabe destacar que la mayoría de los medios mencionados se encuentran bloqueados en CANTV y otros proveedores de Intenet, lo que dificulta su acceso a la información. Y a pesar de ese obstáculo, continúan realizando una labor vital para informar a la población en un contexto donde la libertad de expresión parece estar cada vez más amenazada.
Muertes en contexto postelectoral
Monitor de Víctimas, plataforma que combina periodismo de datos, periodismo de investigación y participación ciudadana, fue clave en el registro del número de muertes ocurridas en la represión poselectoral. Las cifras fueron incluidas por la Misión de la ONU en su nuevo informe.
“Van 23 muertes por protestas electorales en nueve estados de Venezuela”, publicado el 10 de agosto, formó parte de las fuentes consultadas por el panel de expertos.
En este trabajo, describen la muerte de Walter Páez Lucena, quien falleció en el Hospital Central “Dr. Antonio María Pineda” de Barquisimeto, estado Lara. Fue baleado en medio de una protesta el 30 de julio.
Diccha manifestación, terminó en la “quema de la sede del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la Radio Venceremos”, un medio adepto a la administración de Nicolás Maduro.
Pérez Lucena fue impactado por una escopeta y se desconoce la identidad de su victimario. Monitor de Víctimas determinó que la edad promedio de las personas asesinadas durante las protestas era de 27 años y que la mayoría de género masculino.
“En seis de las 23 muertes registradas no se sabe quién es el homicida. Los militares son los responsables en ocho casos y los colectivos en seis. Hay dos víctimas a manos de policías y una que murió por un tiroteo propiciado por uniformados y colectivos”, indican en el reporte.
El silencio de los indígenas detenidos
Tras los controvertidos resultados electorales, RunRun.es publicó un trabajo sobre la situación de indígenas detenidos sin haber participado en ninguna protesta.
En la nota, se indicaba que entre las víctimas indígenas de estas acciones represivas se encontraban miembros de las comunidades baré, puinave, pemón, jivi, wayúu, baniva, piapoco y yekwana, quienes fueron sometidos a audiencias telemáticas y no se les permitió defenderse en su lengua nativa.
El artículo, titulado “El silencio de los indígenas detenidos en Venezuela: a golpes y sin identidad” y publicado el 23 de agosto, se convirtió en una fuente esencial para que la Misión comprendiera la situación de esta comunidad, en medio de la ola de detenciones arbitrarias que azotaba al país.
“Un adolescente indígena del pueblo jivi –cuyas comunidades se extienden por los estados Amazonas, Bolívar y Apure– regresaba de pescar en el río Orinoco, a donde había ido a revisar su red, cuando fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en Puerto Ayacucho, capital de Amazonas”, afirman en el reportaje.
De acuerdo a las declaraciones de Ornal Ortiz, abogado y coordinador de Pueblos Indígenas de la ONG Foro Penal, durante la audiencia de presentación el niño se vio muy golpeado, relató su madre.
“A unos se los llevaron porque cargaban ollas a cuestas. Otros fueron arrestados al regresar a sus hogares luego de trabajar. A un grupo lo apresaron después de hacer unas compras. Ninguno protestaba”, subrayan en la investigación.
Mujeres que no escapan de la represión
En el informe de la ONU, también se cita un trabajo de RunRun.es sobre la situación de las mujeres detenidas en la represión poselectoral. En el Derechos Humanos Olvidados: “Las mujeres tampoco escapan de la represión”, se expuso la situación de hacinamiento de las detenidas en el penal “La Crisálida” y se detallaba sobre el trato al que eran sometidas, con datos de un balance publicado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
En ese texto, se abordó la situación de detención de mujeres ligadas al ámbito político, de los derechos humanos y medios de comunicación, como la líder de Vente Venezuela en Portuguesa, María Oropeza, la reportera gráfica, Deysi Peña, y la defensora Edni López.
Al igual que otros detenidos, las mujeres no tienen una pena menor: se les acusa de terrorismo e incitación al odio.
Medios de ARI presentes
Los otros medios de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), El Pitazo y TalCual, fueron mencionados cuatro y seis veces respectivamente.
Los artículos de TalCual sobre la situación de la defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel, fueron cruciales para describir este caso en el informe de la ONU.
Para documentar lo ocurrido durante el proceso electoral, el artículo de El Pitazo “Perfil ¿Quién es Ricardo Estévez, el técnico electoral detenido arbitrariamente?”, publicado el 2 de agosto de 2024, fue uno de los citados. También, se hizo mención a una nota informativa que precisaba los detalles de la detención del coordinador de Voluntad Popular, Freddy Superlano.
Otra trabajo del mismo medio sobre la operación “Brazalete Blanco” sirvió para que los expertos de la misión explicaran su origen y la forma en la que se lleva a cabo. En el reportaje: “Perfil | ¿Quiénes son los siete militares detenidos por la operación Brazalete Blanco?”, se habla de los militares que fueron acusados por Tarek William Saab.
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