Las denuncias sobre detenciones arbitrarias ocurridas en medio de la represión postelectoral –que se desató cuando miles de venezolanos protestaron por los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron la victoria a Nicolás Maduro– han sido una constante de los últimos dos meses. Y los políticos opositores están en la mira.
Desde el pasado 28 de julio, las fuerzas de seguridad del Estado han arrestado a más de 70 actores políticos. El grupo más afectado lo conforman los más cercanos a la líder de la oposición y de su partido Vente Venezuela (VV), María Corina Machado, quienes se volvieron punto clave de la represión del Estado.
El 4 de octubre, la tolda azul denunció la detención del coordinador de Formación de VV en el estado Anzoátegui y director de campaña en El Tigre – Anzoátegui-, Renny Rodríguez. Tan solo un día antes, la organización hizo eco del arresto del coordinador de organización en la parroquia Nicolás Pulido, estado Barinas, Javier Ramírez, por funcionarios de la División de Inteligencia Estratégica (DIE) de la Policía Nacional Bolivariana, cuando regresaba de su trabajo.
De acuerdo al Comité de Derechos Humanos de VV, Ramírez fue presentado por presuntos delitos de terrorismo, sin notificar a sus familiares ni abogados privados.
En la misma semana, el 30 de septiembre, también reclamó la detención por cuerpos de seguridad de Julio Itriago, coordinador de Vente Venezuela en el municipio Anaco, estado Anzoátegui, y denunció el arresto arbitrario de Milciades Ávila, jefe del equipo de protección de Machado, y Edwin Moya, miembro de dicho equipo.
Ávila ya había sido detenido una primera vez el 17 de julio, 11 días antes de los comicios presidenciales, pero fue liberado el día siguiente con régimen de presentación cada 30 días.
Detenidos, aliados y exiliados de Vente Venezuela y aliados de María Corina Machado
Directiva nacional perseguida
La persecución de Machado y su equipo por parte del Estado venezolano inició mucho antes de las elecciones presidenciales, desde principios de 2024 con arrestos a militantes de VV, no mucho después de haber ganado las Elecciones primarias de la Plataforma Unitaria en octubre de 2023.
Henry Alviárez, coordinador nacional de organización del Comando con Venezuela, y Dignora Hernández, secretaria política nacional de Vente Venezuela, fueron privados de libertad el mismo 20 de marzo, luego de que el fiscal general Tarek William Saab, ordenara la aprehensión de los nueve dirigentes del Comando Nacional de VV, a quienes vincularon con una supuesta conspiración contra el Estado.
Hernández padece de una urticaria crónica severa de origen desconocido y presenta angioedema. El 16 de septiembre, sus familiares pidieron al gobierno una medida humanitaria que le permita recibir tratamiento médico en casa y, el 8 de octubre, el Comité de Derechos Humanos de VV exigió atención médica para ella.
Ambos políticos fueron recluidos en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, considerada como uno de los centros de tortura más grandes de América, según organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DDHH).
El resto de la directiva: Pedro Urruchurtu, coordinador de relaciones internacionales del Comando y coordinador de asuntos internacionales de VV; Omar González Moreno, jefe del Comando en Anzoátegui y secretario político de VV; Humberto Villalobos, coordinador nacional electoral de VV; Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones de VV; y Magallí Meda, jefa del comando nacional de Campaña, se mantienen refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas. También está Fernando Martínez Mottola, ingeniero, experto en telecomunicaciones y una figura importante de la oposición.
Los seis se mantienen a la espera de que el gobierno de Maduro les otorgue el salvoconducto que los deje salir del país para asilarse en la nación sureña. Sin embargo, desde que Argentina y Venezuela cortaron relaciones –el presidente Javier Milei apoyó el supuesto triunfo del opositor Edmundo González– a la sede diplomática le han aplicado cortes de electricidad y agua, y hay una continua vigilancia de presuntos cuerpos de seguridad alrededor del recinto.
Ante esto, el presidente argentino, Javier Milei, exigió el respeto a la “Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que consagra la inviolabilidad de los locales de las misiones”, un tratado internacional que regula las relaciones diplomáticas entre los países y la inmunidad del personal diplomático desde 1961.
Todo esto ocurrió incluso durante el lapso en el que Brasil asumió la custodia de la Embajada, entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre.
El vocero oficial del Comando de Campaña y abogado de Machado, Perkins Rocha fue el último de la directiva nacional en ser capturado y trasladado a El Helicoide el 27 de agosto. Su esposa, María Constanza Cipriani, denunció que no le permitieron visitarlo y que la secretaría del Tribunal Tercero de Control de Terrorismo negó su solicitud de asignar al abogado Omar Mora Tosta como defensor privado de Rocha, ”(…) lo que se traduce a una violación del artículo 127, parágrafo 3, del Código Orgánico Procesal Penal”, dijo en un tuit.
Coordinadores regionales tras las rejas
El jefe del Comando de Campaña de VV en Vargas, Juan Freites, fue capturado por presuntos agentes del Sebin a principios de 2024. Lo arrestaron el 23 de enero en el estado Vargas, cuando salía de casa para viajar a Caracas y participar en un evento político. Su madre, Graciela Martínez, declaró que al momento del arresto de su hijo, este sufría una crisis asmática.
El mismo día, fueron detenidos en Yaracuy y Trujillo, Luis Camacaro y Guillermo López, respectivamente, ambos jefes del Comando en sus estados.
Dos meses más tarde, el 8 de marzo fue aprehendido el coordinador regional de VV en Barinas, Emill Brandt, a quien el Ministerio Público (MP) le imputó presuntos delitos de conspiración, asociación para delinquir, violencia de género (física) y ultraje a funcionario. La detención de Brandt coincidió con la visita a Barinas de María Corina Machado.
Brandt volvió a ser visto el 20 de ese mes en un video difundido por la Fiscalía, cuando el coordinador regional confesó que ONG extranjeras financiaban a la líder opositora para generar actos de violencia y ”hacer cometer hechos de sangre”. Estas palabras fueron seguidas por la orden de arresto de la directiva nacional de VV.
#EnVideo 📹
▶️ El FGR @TarekWiliamSaab, hizo público un video con las declaraciones de Emil Brandt Ulloa, quien ofrece detalles de un plan para generar violencia en el país.
Vía @VTVcanal8#VenezuelaNews 🇻🇪 pic.twitter.com/hQSlHV4akv
— Agencia Venezuela News (@venezuelanewsVN) March 20, 2024
La líder de la tolda azul rechazó las acusaciones y las calificó como una mentira. ”El régimen quiere cerrar el camino al cambio, a la libertad en paz (…)”, dijo para luego reafirmar su confianza en Brandt por haber sido presuntamente torturado para declarar.
En su momento, la líder de la oposición aseveró que las detenciones y órdenes de captura contra miembros de su equipo buscaban aislarla.
Luego del 28 de julio, la persecución continuó. Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) privaron de libertad el 6 de agosto a la joven abogada y coordinadora del Comando de campaña en Portuguesa, María Oropeza. Ingresaron a su propiedad en Guanare, Portuguesa, a la fuerza y sin orden judicial.
El hecho fue grabado por Oropeza en un live de Instagram donde los funcionarios forzaron la puerta a golpes. Tras 10 días de los eventos, se conoció que le imputaron presuntos delitos de terrorismo e incitación al odio.
Actualmente, los cinco se encuentran recluidos en El Helicoide.
Miembros perseguidos y aprehendidos
Más de 40 miembros de VV han sido privados de libertad, incluidos coordinadores de Campaña en municipios y parroquias, miembros del equipo de comunicaciones, organización, activismo, coordinadores juveniles, entre otros.
Gabriel Ismael González, periodista del equipo de comunicaciones del Comando, fue capturado por el Sebin el 17 de junio en la plaza Altamira del municipio Chacao, Miranda. VV reclamó que el joven ”fue presentado a escondidas ante el Tribunal Segundo de Control, sin acceso a defensa privada”. Sus abogados argumentaron que ”cubrir periodísticamente un evento no es delito” y exigieron su liberación.
A Virgilio Laverde, coordinador juvenil de Vente Joven en Bolívar, lo arrestó el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Lo presentaron en tribunales de Ciudad Bolívar y trasladaron a Caracas. No pudo asistir a su graduación y recibir su título de médico cirujano en la Universidad de Oriente (UDO). Sus padres recibieron la imposición de batas por él.
Y estos son solo algunos de los casos.
Círculo de confianza y otros dirigentes acorralados
Las detenciones no se limitaron al partido de Machado, sino que se extendieron a actores políticos clave de su círculo de apoyo más cercano. Ese es el caso de Freddy Superlano, líder de Voluntad Popular, a quien persiguieron y acorralaron, a plena luz del día, unos funcionarios encapuchados el 30 de julio en el este de Caracas.
A Superlano se lo llevaron junto a su sobrino, Renzo Salinas, y su transportista, Rafael Enrique García. Los dos jóvenes fueron liberados, pero el exdiputado continúa en El Helicoide mientras su esposa, hijas, familiares y abogados exigen una fe de vida.
El 8 de agosto se conoció la desaparición forzada de Américo de Grazia, exdiputado y exalcalde del municipio Piar, estado Bolívar, luego de salir hacia un hospital de Caracas por una infección en los pulmones. Su familia logró averiguar que se encontraba retenido en El Helicoide, junto a Carlos Chancellor, dirigente de La Causa R y exalcalde de Sifontes, estado Bolívar, arrestado el mismo día en Anzoátegui – por segunda vez en su vida- y traslado a esa sede del Sebin.
Un día más tarde, funcionarios no identificados secuestraron en una camioneta plateada a Williams Dávila Barrios, dirigente de Acción Democrática (AD) y exgobernador de Mérida, cuando salía de una vigilia por los presos políticos en la zona de Los Palos Grandes, estado Miranda. Se conoció que el 14 de agosto fue trasladado de emergencia a un hospital por su grave estado de salud, tras seis días de su detención.
Biaggio Pilieri, coordinador Nacional del partido Convergencia, sufrió el mismo destino junto a su hijo, Jesús Pilieri – más tarde liberado-, cuando cuerpos de seguridad del Estado lo persiguieron el 28 de agosto, tras la movilización ”Acta mata sentencia”, convocada por Machado.
A Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia (PJ), que también se encontraba en la mencionada movilización, lo persiguieron y logró escapar, pero a su hermano, Pedro Guanipa, vicepresidente de Primero Justicia en Zulia y jefe del despacho de la Alcaldía de Maracaibo, lo arrestaron arbitrariamente el 29 de septiembre, cuando se disponía sellar su pasaporte y trasladarse a la capital de Colombia, Bogotá.
La detención de Pedro Guanipa es considerada por varios dirigentes políticos como un chantaje para que Juan Pablo, uno de los colaboradores más cercanos a Machado, se entregue a las autoridades. Se trata de la aplicación del Sippenhaft, una táctica de castigo nazi identificada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la que se arresta o amenaza a los familiares de una persona considerada un objetivo político.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le concedió medidas cautelares – y amplió en dos casos- a los cinco dirigentes e incluyó a Guanipa en la lista el 9 de octubre.
El exilio
Edmundo González Urrutia, candidato presidencial por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) salió de Venezuela el 7 de septiembre y fue asilado en España, en lo que consideran diversos países latinoamericanos y la Organización de Estados Americanos (OEA) como un “exilio forzado” tras firmar un documento ”bajo coacción” donde reconocía la victoria de Maduro en los comicios.
En entrevista con Reuters, González Urrutia insistió en que “un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, por un vicio grave en el consentimiento”.
Este 2 de octubre, el Centro Carter único organismo independiente que estuvo en las elecciones presidenciales- presentó ante el Consejo Permanente de la OEA las ”actas de votación originales”, documentos que representan de acuerdo a Machado ”la prueba física de la victoria de Edmundo González”, quien se posicionó por encima de Maduro con un 67% sobre 31% de votos.
El mismo mes, el periodista y videógrafo del equipo de Machado, Luis Gonzalo Pérez, escapó del país hacia Colombia tras recibir amenazas por parte de funcionarios del gobierno en contra de su integridad física, su libertad y la de su familia, así lo declaró en un video compartido en su cuenta de Instagram el 19 de septiembre. Se mantuvo en resguardo tras darle cobertura a las protestas postelectorales del 29 de julio para medios internacionales.
Hoy se mantiene en el exilio. ”Lamentándolo mucho, en Venezuela no existe la separación de poderes, el debido proceso, el respeto a los DDHH, la institucionalidad. Hay más de dos mil detenidos en mi pais (…), en el exilio posteelctoral nos encontramos más de 18 profesionales de la prensa. Estamos atravesando una situación en donde no se respetan nuestros derechos (…)”.
Noticias en Maracaibo
NOTICIA DESDE: AQUI
CON LA NOTICIA PRIMERO!
