“El que no la debe no la teme”, pronunció Jesús David Rosal, de 25 años, unos minutos antes de que lo detuvieron el 30 de julio, en La Guaira, dos días después de las elecciones presidenciales.
Unos vecinos le advirtieron que “los guardias estaban atrapando a cualquiera que pasara”, pero Jesús David estaba confiado de que no le pasaría nada. Ese día lo montaron en el convoy de la Guardia Nacional y terminó en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Macuto.
El 3 de agosto, Rosal, junto a otros detenidos en contexto poselectoral, fueron presentados en una audiencia telemática, sin posibilidad de declararse inocentes. Después de eso, fueron trasladados -sin aviso a sus familiares- al Centro Penal de Tocuyito, en el estado Carabobo, el 8 de agosto.
Un traslado sin retorno
Lis, la mamá de Jesús David, cuenta que se enteró del traslado ese día al mediodía, cuando le fue a llevar la comida, y se sorprendió al saber que no estaba en Macuto.
“Lo trasladaron en la noche, a las 7:00 de la noche y sin decirnos nada”, dijo. Desde ese día, duerme con el teléfono cerca de la almohada porque teme tener una llamada perdida desde Tocuyito.
Con desesperación, le preguntaron al director del centro de detención e informó que tampoco tenía conocimiento del traslado y que no estaba seguro hacia dónde los habían dirigido.
Lis se enteró de que su hijo está en Tocuyito porque recibió una llamada. La comunicación fue breve y concisa: “Estoy en Tocuyito”. Desde ese momento, hicieron lo que pudieron para movilizarse desde La Guaira hasta Carabobo. Un traslado de, aproximadamente, dos horas y media. “En Tocuyito no nos dejaban ver a los muchachos. Esperábamos afuera y nada”, recuerda.
Esta negativa a no permitir visitas por tanto tiempo es una decisión que viola lo contemplado en la normativa legal. En el 2021, se establecieron cambios en el Código Orgánico Penitenciario y, según Acceso a la Justicia, se le permite a las personas recluidas visitas de su círculo más cercano, como familiares y defensor, bien sea público o privado.
Pese a esto, no existe un reglamento establecido en cuanto a la frecuencia de visitas o días. Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, en una reciente declaración habló sobre el tema. Afirmó que queda a criterio de las personas que mantienen la custodia de los privados de libertad la frecuencia de las visitas.
“El Código Orgánico Penitenciario (COP) establece que lo relacionado con las visitas estará contenido en el reglamento del presente Código. Sin embargo, el COP, aprobado en 2015 y reformado en 2021, todavía no tiene reglamento y queda a criterio de los que tienen a estas personas bajo su custodia”, aclara.
El Estado venezolano está suscrito a las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”, más conocidas como Reglas Mandela, que en la norma 58 establecen que los reclusos estarán autorizados a comunicarse periódicamente, bajola debida vigilancia, con sus familiares y amigos”. En el 59 se sugiere que los reclusos sean internados en centros penitenciarios cercanos a su hogar o lugar de reinserción.
De acuerdo a estas normas, las autoridades tienen el deber de informar a los detenidos sobre traslados y comunicarse con sus familiares. En este caso, ninguna de estas normas fue acatada.

“Solo media hora”
Para los familiares de los detenidos en Carabobo, ir hasta allá representa un esfuerzo monetario, físico y mental.
Lis afirma que, pese a la negativa de negar las visitas, las madres decidieron ir hasta obtener alguna noticia de sus hijos. Después de tantos días, estos esfuerzos rindieron frutos.
“Nos dirigimos al centro penal, lunes, martes y miércoles. Necesitábamos ver a nuestros muchachos. Después de una espera de casi dos meses, pudimos hablar con él por solo media hora”, comenta.
“Durante ese tiempo no me dijo mucho. Solo me dijo que estaba bien y me preguntó cómo iba el proceso aquí afuera. Yo le dije que estábamos haciendo lo posible. No lo vi golpeado y eso me alivió”, expresa.
Para Lis, el no ver a su hijo mayor por tanto tiempo se traduce en preocupación, una tras otra. “No he dormido bien, no duermo bien”, confiesa.

Le cuesta creer que ese día, 30 de julio, su hijo fue detenido después de estar en casa de un amigo. “Él fue a casa de un amigo porque al día siguiente cumplía años y estaban planificando qué hacer. Mi hijo pasó su cumpleaños en la prisión”, manifiesta.
Jesús David estaba emocionado por celebrar su cumpleaños y tomó el camino más cercano a su casa. Su madre lo describe como una persona alegre, dispuesto a salir adelante y, a diferencia de otros jóvenes, en sus planes futuros no estaba emigrar.
“No, no, él no quería irse. Él quería seguir trabajando aquí y seguir cerca de nosotros. De su familia y de todos”, dice su mamá.
A Jesús David, al igual que a otros jóvenes detenidos, no les permiten la defensa privada. Lis, por todos los medios posibles, ha intentado que el defensor público le dé respuestas y le explique cuánto tiempo más pasará su hijo detenido.
“El defensor que nos asignaron nunca sabe nada, nunca nos da noticias. No nos dice nada de las visitas. Estamos incomunicados”, puntualiza.
En una entrevista en ‘La Conversa’ de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), el defensor de presos políticos, Joel García, mencionó que muchos defensores tienen la disposición a hacer su trabajo, pero no se lo permiten.
No es terrorista
Al igual que a los menores detenidos, a Jesús David también lo imputaron por terrorismo, un cargo que puede representar hasta 30 años de cárcel y que su familia niega. Consideran que Jesús David es “un muchacho trabajador y no tiene nada de terrorista”.
En unas recientes declaraciones, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Padro, se refirió al daño que representa la cárcel para los niños y jóvenes detenidos en contexto poselectoral.
“La cárcel hace un daño terrible y deja una huella imborrable en los muchachos y adultos detenidos que nunca en su vida olvidarán, por eso es que el daño causado a las personas es irreparable y, por lo tanto, es importante hablarlo, discutirlo y tratarlo”, declara.
Durante estos casi dos meses que su hijo ha estado detenido, Lis no ha dejado de rezar. Expresa que su único consuelo es Dios y que él tomará el control de la situación.

Sus días cambiaron de forma repentina. Antes vivía desprendida del teléfono, ahora, no puede pasar mucho tiempo sin saber a dónde está. El temor de tener una llamada perdida desde Tocuyito la sigue. “Me da miedo pensar en recibir una llamada y no atender, porque sé que no llamarán dos veces”, confiesa.
En este tiempo sombrío, Lis intenta mantener su sonrisa y su temple para seguir siendo la cabeza de familia. Tiene dos hijas más y un esposo, quien trabaja y hace lo que puede para que ella haga todas las diligencias necesarias.
“Ustedes son el futuro de este país. Ya yo viví, me compré lo que quería comprarme, salí lo que quería salir. Los jóvenes son los que quedan para que este país salga adelante y sé que saldremos de esto. No sé cuándo, pero saldremos”, asegura entre sollozos.

Noticias en Maracaibo
NOTICIA DESDE: AQUI
CON LA NOTICIA PRIMERO!