El trabajo de las defensoras de derechos humanos en Venezuela se desarrolla en un contexto de constante riesgo y represión, según una reciente publicación del Centro de Justicia y Paz (Cepaz). A pesar de los desafíos, estas mujeres continúan luchando por la defensa de los derechos fundamentales en un país marcado por la crisis.
“Ser mujer y defensora de derechos humanos en Venezuela es una expresión de resiliencia”, señala la ONG, tras destacar que las activistas enfrentan una doble carga: por un lado, soportan la violencia generalizada contra los defensores de derechos humanos, y por otro, sufren discriminación y violencia de género de manera desproporcionada.
“Las defensoras no solo cargan con el peso de su activismo, sino también con las responsabilidades de cuidado familiar y las exigencias de tener múltiples empleos”, agrega el documento. Esta situación se agrava en un contexto postelectoral marcado por la polarización, las restricciones legales y la inseguridad.
A pesar de los riesgos, las defensoras desempeñan un papel crucial en la documentación y denuncia de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Su trabajo es fundamental para visibilizar la crisis y exigir justicia.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) hace un llamado al Estado venezolano “a garantizar la seguridad de las defensoras de derechos humanos” y a tomar medidas para “prevenir y sancionar los actos de violencia en su contra”.
La crisis postelectoral agrava la situación
El contexto postelectoral en Venezuela ha exacerbado la vulnerabilidad de las defensoras. La polarización política, las restricciones legales y el aumento de la inseguridad han creado un ambiente hostil para quienes defienden los derechos humanos. Las activistas denuncian un incremento en las amenazas, el hostigamiento y los ataques en su contra.
Un llamado a la acción
Ante esta grave situación, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha instado al Estado venezolano a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad y protección de las defensoras de derechos humanos. Es fundamental que el Estado investigue y sancione los actos de violencia en su contra, así como que implemente políticas públicas que promuevan la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos.
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