- La ley, que consta de 18 artículos, según el diputado Carlos Mogollón, se inspiró en “el legado de dignidad patriótica y antiimperialista del Libertador y padre de la patria, Simón Bolívar”.
- Esta ley busca sancionar a personas, naturales o jurídicas, que en acuerdo con países, grupos o “asociaciones terroristas”, pidan sanciones contra Venezuela, así como la confiscación de activos públicos que impidan el normal desenvolvimiento “económico, social, cultural o político” de la nación.
- Se plantean inhabilitaciones políticas para aquellas personas que no “hayan sido nunca funcionarios públicos”, que igualmente se alíen con “potencias extranjeras” para impulsar sanciones.
- La diputada chavista Iris Varela propuso que esta ley, que deberá pasar por una segunda discusión en plenaria, debe plantear la anulación de todos los documentos de identificación de las personas a las que se aplique la sanción de inhabilitación.
- “No pueden ser privados de su nacionalidad pero el Estado venezolano tiene un sistema de identificación, tiene registros públicos y yo propongo, formalmente, que se estudie la anulación de todos los documentos de identificación y de registro de empresas de esas personas que cometen este tipo de delito (…) y eso sí se puede hacer por vía administrativa”, dijo.
- El proyecto de ley establece que aquella persona que vaya a ser procesada por incurrir en algunos de los delitos contemplados, y no quiera someterse al proceso judicial, se le designará un defensor público, y será juzgado en ausencia.
- Según expusieron en la AN, el proyecto fue presentado como parte de una estrategia integral para contrarrestar los efectos del bloqueo y defender la integridad de Venezuela ante la arremetida de injerencia y agresiones por parte de Estados Unidos, en complicidad con la extrema derecha nacional.
La ley, que consta de 18 artículos, según el diputado Carlos Mogollón, se inspiró en “el legado de dignidad patriótica y antiimperialista del Libertador y padre de la patria, Simón Bolívar”
La Asamblea Nacional (AN) de mayoría chavista, aprobó este jueves, 21 de noviembre, la discusión de una ley orgánica que busca inhabilitar políticamente a quienes soliciten a otros países que impongan sanciones económicas en contra de Venezuela.
El proyecto de “Ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y la defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, fue aprobado por unanimidad en la plenaria en la que el presidente de la Cámara, Jorge Rodríguez, insistió en que la inhabilitación política “será perpetua”.
Sobre la discusión de la nueva ley, Rodríguez ordenó que la misma quede sancionada la semana que viene. Esto se da en respuesta a la normativa presentada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos en donde se aprobó un proyecto de ley que complementa las normas que prohíben a instituciones federales del Gobierno estadounidense contratar a personas o empresas que tengan lazos con el Ejecutivo de Nicolás Maduro.
Para entender de qué va esta nueva normativa, a continuación presentamos siete claves:
La ley, que consta de 18 artículos, según el diputado Carlos Mogollón, se inspiró en “el legado de dignidad patriótica y antiimperialista del Libertador y padre de la patria, Simón Bolívar”.
Esta ley busca sancionar a personas, naturales o jurídicas, que en acuerdo con países, grupos o “asociaciones terroristas”, pidan sanciones contra Venezuela, así como la confiscación de activos públicos que impidan el normal desenvolvimiento “económico, social, cultural o político” de la nación.
Se plantean inhabilitaciones políticas para aquellas personas que no “hayan sido nunca funcionarios públicos”, que igualmente se alíen con “potencias extranjeras” para impulsar sanciones.
La diputada chavista Iris Varela propuso que esta ley, que deberá pasar por una segunda discusión en plenaria, debe plantear la anulación de todos los documentos de identificación de las personas a las que se aplique la sanción de inhabilitación.
“No pueden ser privados de su nacionalidad pero el Estado venezolano tiene un sistema de identificación, tiene registros públicos y yo propongo, formalmente, que se estudie la anulación de todos los documentos de identificación y de registro de empresas de esas personas que cometen este tipo de delito (…) y eso sí se puede hacer por vía administrativa”, dijo.
El proyecto de ley establece que aquella persona que vaya a ser procesada por incurrir en algunos de los delitos contemplados, y no quiera someterse al proceso judicial, se le designará un defensor público, y será juzgado en ausencia.
Según expusieron en la AN, el proyecto fue presentado como parte de una estrategia integral para contrarrestar los efectos del bloqueo y defender la integridad de Venezuela ante la arremetida de injerencia y agresiones por parte de Estados Unidos, en complicidad con la extrema derecha nacional.
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