La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este martes, 22 de octubre, medidas cautelares a favor de Andreina Zerpa Vivas, Yolivares Infante Camacho y Eichler Hernández Ortuño, integrantes de la Plataforma Unitaria Democrática en el estado Guárico.
De acuerdo con información que publicó el organismo, se beneficiará a estas personas con dicha medida tras “considerar que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela”.
Según una nota de prensa de la ONG Defiende Venezuela, los tres miembros de la Plataforma Unitaria en Guárico “han sido objeto de seguimientos, allanamientos ilegales y amenazas por parte de personas armadas y presuntos agentes estatales”.
Para la organización no gubernamental, esos actos de persecución “buscan obligarlos a reconocer públicamente la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones”, cuyo resultado ha sido ampliamente cuestionado.
A pesar de las acusaciones, añadió Defiende Venezuela, no se han presentado pruebas de que los beneficiarios estén involucrados en delitos ni se ha emitido ninguna orden de detención formal, “lo que subraya la arbitrariedad y la naturaleza política de los actos de intimidación”.
Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho efectuadas por la parte solicitante, la CIDH solicitó al Estado venezolano lo siguiente:
Adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Andreina Zerpa, Yolivares Infante y Eichler Hernández.
Garantizar que puedan continuar participando en actividades políticas sin ser objeto de represalias o violencia.
Asegurar que sus agentes respeten plenamente los derechos de los beneficiarios, tomando medidas para protegerlos frente a riesgos de terceros.
Presentar información clara sobre los procesos penales en su contra, incluyendo la existencia de órdenes de detención, en caso de que existan.
Concertar las medidas de protección con los beneficiarios y sus representantes.
Investigar de manera diligente los actos de hostigamiento denunciados y adoptar medidas para evitar su repetición.
Decisión de la CIDH es “crucial”
Ezequiel Monsalve, coordinador jurídico de Defiende Venezuela y abogado responsable de la solicitud ante la CIDH, subrayó la relevancia de esta decisión en el contexto de la crisis política que atraviesa el país.
“La decisión de la CIDH en favor de estas personas es crucial, ya que en los pueblos pequeños de Venezuela el riesgo es aún mayor. La falta de visibilización y la ausencia de instituciones especializadas para recibir estas denuncias crean un caldo de cultivo para los abusos por parte del Estado. A pesar del historial de incumplimiento de Venezuela en cuanto a las medidas cautelares, estas continúan siendo un mecanismo de contención fundamental para evitar que las agresiones se perpetúen, afirmó Monsalve.
Por su parte Génesis Dávila, presidenta de la ONG Defiende Venezuela, destacó la importancia de esta declaración de la CIDH en medio del creciente hostigamiento a líderes opositores en Venezuela.
“La comunidad internacional no puede ignorar la grave situación de derechos humanos en nuestro país. La rápida intervención de la CIDH demuestra que los abusos del régimen no pasan desapercibidos y que la protección de quienes luchan por una Venezuela libre y democrática sigue siendo una prioridad. Este tipo de medidas no solo protegen vidas, sino que también envían un mensaje contundente contra la represión y la violencia”, aseveró.
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