La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado venezolano este lunes por “violar los derechos políticos” del excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, durante el proceso electoral celebrado en 2013.
La organización condenó la negación a una auditoría de votos y el uso abusivo del aparato estatal a favor del candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicolás Maduro.
“El Estado venezolano es responsable por violaciones a los derechos políticos, garantías judiciales, protección judicial, libertad de expresión y el derecho a la defensa”, notificó a través de una sentencia la presidenta de la CIDH, Nancy Hernández.
“Nicolás Maduro obtuvo ventajas capaces de incidir en el equilibrio de la contienda electoral mediante el uso de recursos estatales a favor de su campaña, de la realización de actos de proselitismo por parte de funcionarios públicos de alto nivel en ejercicio de sus funciones, y de la existencia de presiones indebidas sobre funcionarios públicos”, señaló la CIDH.
11 años después (la JUSTICIA además de hacer prevalecer la verdad tiene que ser EXPEDITA) obtuvimos sentencia en relación a la demanda que interpusimos por la elección presidencial del año 2013 ante la @CorteIDH
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la… pic.twitter.com/oS3ecnoWvU
— Henrique Capriles R. (@hcapriles) December 2, 2024
La CIDH expuso que durante la campaña electoral existió una cobertura desproporcionada de los medios públicos en favor de la candidatura de Maduro.
Capriles quedó a escaso margen
El Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó en ese momento que Capriles Radonski obtuvo 49,12 % de los votos, frente al 50.61 % de Maduro.
Capriles cuestionó los resultados en ese momento y asomó la posibilidad de un fraude.
“La actuación del Estado constituyó un abandono de los principios fundamentales del estado de derecho en tanto desconoció las reglas previstas en el derecho interno para limitar el poder y hacer posible el juego democrático, y permitió el uso del aparato del Estado para favorecer al candidato oficial antes, durante y después de la elección”, manifestó Hernández.
La CorteIDH también ordenó al Estado “adoptar medidas para garantizar la integridad de los procesos electorales y garantizar la posibilidad de verificación de resultados electorales”.
Otra orden del tribunal es la de “facilitar el acceso libre y equitativo de los candidatos a los medios de comunicación públicos y de alcance general y medidas para garantizar la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia”.
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