En su boletín semanal “Escenarios 23”, la organización Laboratorio de Paz alertó que las autoridades venezolanas avanzan en la creación de un marco jurídico para sustentar el “gobierno de facto” que, denuncian, pretende juramentarse el 10 de enero a través de la denominada “justicia comunal”.
En el documento, recuerdan que el 12 de noviembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, así como la Ley Orgánica de Justicia Comunal, ambas publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.854, del 14.11.24.
Precisan que aunque ambas normativas, en la teoría, están diseñadas para estimular la participación para la mediación y resolución pacífica de los conflictos mediante figuras similares a los jueces de paz, “la división territorial del país en comunas vulnera lo establecido al respecto en el artículo 16 de la Constitución”.
Amplían la advertencia alertando que los llamados “jueces de paz comunales” “sustituirán el sistema de administración de justicia conocido a nivel comunitario”, pues tendrán como áreas de su competencia, entre otras, los conflictos en el ámbito local, el arrendamiento de propiedades, reglamentos de convivencia, la supervisión de organizaciones vecinales, casos de violencia de género, situaciones de protección a niños, niñas y adolescentes, propiedad y tenencia de animales domésticos y situaciones dentro de los Consejos Comunales. Además, indican que la ley especifica que se podrá solicitar el apoyo de la policía, municipal, estadal o nacional.
Otro punto de preocupación sobre esta norma jurídica es que no podrán ser parte del sistema de “justicia comunal” las personas que incurran en “posturas fascistas, neofascistas o expresiones similares y cualquier otra conducta que afecte los intereses de la nación”, lo que introduce un elemento de discrecionalidad.
Laboratorio de Paz recordó también que el gobierno anunció que en diciembre se elegirán 30 000 jueces de paz comunal en todo el país.
“El sistema de justicia comunal sustituirá las funciones del actual sistema de administración a nivel territorial y será un mecanismo para aumentar el uso de mecanismos punitivos para neutralizar y castigar a las personas percibidas como disidentes a partir del 10 de enero de 2025″, insistieron.
Las previsiones para enero
De cara a lo que pueda ocurrir políticamente en enero, la organización instó a la sociedad civil a prepararse para seguir trabajando “en condiciones de mayor restricción, manteniendo el apoyo a sus beneficiarios y tomando las medidas de resguardo y protección a sus integrantes en terreno”.
Además, les exhortó a denunciar “la pretensión de juramentar un gobierno de facto, a partir del 10 de enero de 2025, que no emana de la voluntad popular”.
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