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El pasado 6 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una medida cautelar en favor de Nélida Sánchez Oropeza, coordinadora nacional de formación de la organización Súmate.
La decisión se fundamenta en la “situación de gravedad y urgencia” que enfrenta, tras su detención el 26 de agosto y su experiencia de desaparición forzada. La CIDH advirtió que su situación de salud agrava el riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela.
Desde 2015, la CIDH ha aprobado 97 medidas cautelares para proteger a individuos y colectivos, pero, lamentablemente, ninguna ha sido cumplida de manera formal por el Estado venezolano, según expertos en la materia.
En 2019, se registró un notable aumento en la emisión de estas medidas, con 23 otorgadas, la cifra más alta en ocho años. Hasta septiembre de 2024, la CIDH ha emitido 11 medidas para políticos, abogados y activistas de derechos humanos considerados en riesgo, muchas de ellas tras las elecciones presidenciales de julio y la represión asociada a las manifestaciones posteriores.
El abogado Simón Gómez Guaimara, experto en derecho internacional, señala que el Estado venezolano ignora las resoluciones de la CIDH y la Organización de Estados Americanos (OEA). A pesar de esta negación, las medidas cautelares actúan como un mecanismo de presión que reconoce, de manera preliminar, la existencia de violaciones a los derechos humanos.
Caso de William Dávila
Un caso notable es el del exdiputado Williams Dávila, beneficiario de una medida cautelar desde 2017 debido a la persecución política que enfrenta. Su situación se complicó tras su arresto y posterior desaparición forzada en agosto de este año, lo que llevó a una actualización de su caso ante la CIDH.
Gómez aclara que, en la práctica, el Estado no reconoce su obligación de cumplir con las medidas cautelares, lo que se traduce en una falta de formalidad en el cumplimiento de los dictámenes de la CIDH.
Además, el gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como la Carta de la OEA, buscando así desvincularse del sistema interamericano. Sin embargo, la OEA estipula que para que esta salida sea efectiva, el Estado debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, algo que Venezuela no ha logrado hasta ahora.
Función de las medidas cautelares
Las medidas cautelares son esenciales para la protección de los derechos de las personas en situaciones de grave peligro. Según Gómez, su función es prevenir que una situación crítica se convierta en una violación irreversible. Este principio se aplica en casos de detenciones arbitrarias, donde hay riesgo para la vida o integridad de los detenidos.
La CIDH también extiende su protección a colectivos vulnerables, y aún quedan pendientes de cumplimiento varias medidas en favor de niños y adolescentes, así como de personas con enfermedades graves y comunidades indígenas.
Aunque estas medidas han tenido repercusión en los medios, la efectividad en su cumplimiento es cuestionable. Sin embargo, algunos defensores de derechos humanos han observado que, en ocasiones, la presión mediática ha llevado a la liberación de algunos detenidos.
Este artículo es original de Tal Cual, puedes ampliar la información en su sitio web.
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