El equipo de AlertaVenezuela advirtió que en en el país se aplica la táctica de la “puerta giratoria” con organismos internacionales como una estrategia de distracción para “evadir su responsabilidad en violaciones de derechos humanos”.
La asociación, dedicada al análisis e incidencia internacional en derechos humanos, explicó mediante un análisis que el gobierno de Nicolás Maduro utiliza la dinámica de la “puerta giratoria” como “un recurso para intercambiar favores”, incluyendo la liberación de presos políticos y la manipulación de organismos internacionales.
“A pesar de los intentos del régimen por presentarse como cooperativo ante el sistema internacional de derechos humanos, su verdadera naturaleza represiva ha salido a la luz, especialmente tras la expulsión de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la reciente represión de la sociedad civil”, se lee en el texto.
AlertaVenezuela destacó que desde la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos y especialmente desde 2014, el gobierno de Maduro ha intentado posicionar a Venezuela en el sistema internacional de protección de derechos humanos, aunque con “resultados limitados”.
Sin embargo, aclaró que la narrativa de cooperación se desvaneció cuando el régimen “mostró su verdadera cara represiva”, culminando en febrero de 2024 con la expulsión de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) tras un informe sobre la desaparición de Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos.
El informe señaló que en 2024 Nicolás Maduro “intensificó la represión y el acoso a la sociedad civil”, aislando al país y rompiendo relaciones con varios países. también encarceló a extranjeros de diversas nacionalidades, posiblemente para usarlos como fichas de canje, y que, a pesar de eso, hizo gestos hacia la ONU y otros organismos internacionales, buscando “normalizar la situación de cara al próximo 10 de enero”.
La visita de una misión técnica de la Corte Penal Internacional (CPI) y la excarcelación de algunos presos políticos fueron parte de estos gestos, aunque sin investigaciones sobre las alegaciones de tortura y detenciones arbitrarias. La Fiscalía revisó 225 casos de detenciones poselectorales, liberando a más de 130 personas, lo que representa menos del 10% de los arrestos totales.
Según AlertaVenezuela, el regreso parcial de la OACNUDH y los acercamientos con la nueva administración de EEUU, son vistos como “intentos de normalización”, aunque bajo condiciones cuestionables y con una continua manipulación de la cooperación internacional a conveniencia del gobierno.
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