Zair Mundaray, abogado y exfiscal del Ministerio Público, denunció este viernes, 8 de noviembre, el delicado estado de salud en que se encuentra el preso político Jesús Manuel Martínez Medina, quien tiene diabetes tipo II y un problema cardíaco.
Mediante un mensaje que publicó en su cuenta de X (antes Twitter), Mundaray señaló que Martínez Medina fue detenido el 29 de julio en la noche en el municipio Aragua, estado Anzoátegui, sector plaza el Carmen un día después de las elecciones. Según el abogado, el preso político fue testigo de mesa en la escuela Guzmán Bastardo.
El abogado también precisó que Martínez Medina estaba en una sede policial de Lechería, estado Anzoátegui. Allí, dijo “le salieron unos nacios (abscesos en la piel que se llenan de pus), nunca le prestaron atención médica hasta que se le infectó toda la pierna”. Por esa razón, tuvieron que trasladarlo al Hospital Luis Razetti de Barcelona, “donde cada día se complica aún más”.
“Debía hacerse un eco para mirar si la pierna debía amputarse y no lo dejaron salir porque un juez no había firmado la orden, su madre estuvo en tribunales en Barcelona y le dijeron que tenía que hacer gestiones por Caracas”, añadió el abogado en su denuncia.
Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática se hizo eco este domingo 10 de noviembre de la denuncia sobre el estado de salud de Jesús Martínez Medina, alertando que estos casos “visibilizan trágicamente la gravedad de las consecuencias de no recibir atención médica tras las rejas”.
“Exigimos justicia, atención médica inmediata a los detenidos y libertad. Negar atención médica oportuna es una clara violación a los DDHH y conlleva responsabilidad individual para quien debe brindarla”, denunció la coalición opositora.
Desde la Plataforma Unitaria Democrática denunciamos la falta de atención médica a los presos politicos, incluyendo aquellos que han sido detenidos con ocasión de la jornada democrática del pasado 28J.
Casos como el de Jesús Martínez Medina, detenido en el municipio Aragua del… pic.twitter.com/3DcHYygxlf
— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) November 10, 2024
A su vez, Delsa Solórzano, coordinadora de Encuentro Ciudadano, recordó que, según el artículo 43 de la Constitución, el Estado tiene la responsabilidad de resguardar la vida y la salud de los privados de libertad.
Según el art. 43 de la Constitución, el Estado tiene la responsabilidad de resguardar la vida y la salud de los privados de libertad. El texto reza: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado…
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) November 10, 2024
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