Al menos 42.863 personas privadas de libertad tienen derecho al sufragio en Venezuela, sin embargo, apenas el 9,21 % de la población reclusa ejerció su derecho al voto en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, de acuerdo con el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Durante la presentación del estudio titulado “Derechos políticos de la población reclusa”, Humberto Prado, abogado y director del OVP, denunció que la “falta de garantías y la ausencia de voluntad política” impiden a las personas privadas de libertad ejercer su derecho al voto o tomar decisiones que afecten sus vidas, lo que no garantiza el cumplimiento de todos los derechos humanos de la población carcelaria.
#InformeOVP Solo 9,21% de la población en las cárceles venezolanas tuvo derecho al voto, lo que es sumamente preocupante ante la falta de políticas y mecanismos implementados, los cuales no garantizan íntegra, eficaz y efectivamente los derechos humanos. pic.twitter.com/9knJfRugMp
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) October 17, 2024
Para la jornada electoral, el ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, había informado que estaban habilitados 18 centros de votación para que ejercieran su derecho 1900 privados de libertad, es decir, 9,21 % de la población, recordó el OVP.
Sin embargo, según información extraoficial obtenida por el observatorio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tenía previsto habilitar –para los comicios presidenciales– 31 mesas de votación en 21 centros ubicados en penales, con el objetivo de atender a 19 880 personas.
A través de una rueda de prensa virtual, Prado explicó que una persona privada de libertad no pierde sus derechos políticos, a excepción de aquellas en las que recaiga una sentencia condenatoria que contemple una pena accesoria de inhabilitación política.
“La realidad en las cárceles y calabozos policiales del país demuestra que, contrario a lo que señala nuestra legislación, la privación de libertad suele ser motivo suficiente para negar a las personas el ejercicio de sus derechos políticos, específicamente el derecho al voto”, afirmó el director de la OVP.
Hacinamiento crítico y cierre de cárceles
En octubre de este año, el observatorio registró un hacinamiento crítico de 154,6 % de la capacidad instalada. Según la información documentada por el observatorio en septiembre de 2024, hay un total de 30.332 personas privadas de libertad en los centros cancelarios en todo el país. De esta cifra, 9706 han recibido una condena, pero se desconoce si tienen pena accesoria que le impida ejercer el voto.
La gráfica refleja las cifras de procesados y condenados con derecho al voto. Fuente: OVP.
“En las cárceles venezolanas hay 7 350 plazas desaprovechadas, correspondientes a recintos que han sido cerrados inexplicablemente (…) La capacidad real es de 19.688 plazas”, afirmó el abogado.
.@HUMBERTOPRADOS: “En las cárceles venezolanas hay 7.350 plazas desaprovechadas, correspondientes a recintos que han sido cerrados inexplicablemente (…) La capacidad real es de 19.688 plazas, pero hay una población de 30.332 PPL con un hacinamiento crítico de 154,06%.” pic.twitter.com/YskSJDyqeR
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) October 17, 2024
Prado también detalló que solo 38 de 52 cárceles construidas se encuentran operativas, tras el cierre de algunos centros durante 2023.
“El Estado ha cerrado inexplicablemente 14 cárceles, como si esa fuera la solución (…) dejando a los calabozos policiales como centros penitenciarios, lo que trae una tremenda incomodidad para las personas encargadas de la seguridad ciudadana. Un policía está formado para la seguridad ciudadana, no para estar cuidando a personas privadas de libertad”, aseveró Prado.
El director del OVP, indicó que existe “una gran incapacidad por parte del Estado para entregar información sobre las condenas, lo que incluye datos sobre los delitos que cometieron, el tipo de penas accesorias o las condiciones” de la persona detenida.
También exhortó al Ministerio de Servicio Penitenciario a “revisar sus archivos administrativos” con el fin de constatar la cantidad de personas con “sentencia definitivamente firme” que cuentan con una copia de sus expedientes y sentencias.
Situación penitenciaria postelectoral
Respecto a la situación de los hombres, mujeres y adolescentes detenidos en las protestas postelectorales, el equipo del OVP alertó que continúan documentando denuncias sobre violaciones contra los derechos humanos. “Existe una situación inapropiada con los servicios médicos, el suministro de medicamentos y la alimentación”, subrayó.
#InformeOVP En #Venezuela no se han adoptado medidas concretas para garantizar el acceso efectivo de los derechos de la población reclusa al voto, evidenciado la poca voluntad de conformar un sistema penitenciario humanista y con respeto a los derechos humanos de los internos. pic.twitter.com/BJ4KQZYOHR
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) October 17, 2024
Ante este escenario, el observatorio planteó una serie de recomendaciones para resolver la actual crisis carcelaria:
- Planificar, ejecutar y supervisar jornadas especiales de inscripción en el CNE, así como operativos de cedulación dentro de los centros de reclusión.
- Asignar recursos humanos y materiales necesarios para agilizar los procesos electorales en los centros penitenciarios.
- Garantizar la presencia de testigos y observadores nacionales e internacionales en los procesos electorales, así como adoptar medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad de los participantes.
- Informar de manera oportuna a la población reclusa sobre el ejercicio al voto, incluyendo las propuestas electorales.
- Facilitar acceso a información actualizada a través de medios como lecturas y emisiones de radio.
- Presentar un registro desagregado de los reclusos habilitados a votar, incluyendo su ubicación y situación jurídica.
- Garantizar de forma segura, libre y secreta el derecho al voto de todas las personas privadas de libertad.
- Proporcionar asistencia y apoyo necesario a personas privadas de libertad con discapacidades visuales, auditivas, motrices y otras.
- Traducir la información a los idiomas de las personas indígenas que no hablen español.
- Involucrar activamente a las autoridades penitenciarias para agilizar los procesos electorales.
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