Tanto la ONG Provea como Justicia, Encuentro y Perdón denunciaron que personas detenidas luego de las elecciones del 28 de julio son presionadas y amenazadas para que “admitan delitos que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) les ha imputado sin pruebas y sin garantías al debido proceso”.
De acuerdo a Provea “agentes del Estado estarían coaccionando a los privados de libertad bajo amenazas de ser pasados a juicios sin ningún tipo de beneficio procesal”.
La ONG denunció que para lograr los organismos de represión del Estado emplean métodos para lograr “el sometimiento a torturas y tratos crueles que incluyen golpizas, negación de alimentos y medicinas y restricciones para recibir visitas”.
“Se les estaría obligando a firmar y poner sus huellas digitales en papeles en blanco, lo que constituye un fraude procesal masivo y una nueva y abierta violación de las garantías judiciales de los detenidos”, señaló Provea.
La ONG recordó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que el “concepto de tortura y tratos, así como penas crueles, no se limita a prácticas de violencia física o psíquica, sino que incluye también condiciones de detención que no respetan la dignidad humana, como casos de hacinamiento y malas condiciones de reclusión”.
La ONG informó que las denuncias provienen de las cárceles de Tocuyito, Tocorón, el Rodeo y Las Crisálidas.
Abuso de personas detenidas
“El elevado número de personas acusadas de terrorismo por el Gobierno de Maduro y el cooptado sistema de administración de Justicia venezolano ratifican lo que varias relatorías de Naciones Unidas han calificado como abuso crónico’de la legislación antiterrorista”, manifestó la organización.
El delito de terrorismo contempla según la legislación venezolana, penas de entre 25 a 30 años de prisión.
Según cifras del Ejecutivo, 2.400 personas fueron detenidas en el marco de las protestas suscitadas luego de conocerse el resultado oficial que dio como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio a Nicolás Maduro, una victoria que no estuvo sustentada por publicación de datos detallados por parte del Consejo Nacional Electoral.
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