Alrededor de 60 privados de libertad del estado Lara se unieron este miércoles 6 de noviembre a una huelga de hambre iniciada el pasado lunes por casi 50 presos en protesta por el hacinamiento y el retardo procesal en los centros de detención preventiva de la entidad.
Por medio de su cuenta en X, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) sentenció que al menos 60 reclusos en los calabozos de la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en San Jua, Barquisimeto exigen un “plan de abordaje o traslados a recintos penitenciarios”.
De acuerdo a la ONG, los privados de libertad “se niegan a consumir alimentos hasta obtener respuestas concretas de las autoridades”.
El director del OVP Humberto Prado sentenció que en Venezuela hay cerca de 23 mil presos en calabozos policiales y de esa cantidad el 85% padece de retardo procesal.
Privados de libertad desamparados
“Esto se debe a la falta de alguna de las partes en el juicio. El problema es el Estado. Si no está el fiscal, no hay quien acuse; si no está el abogado público, no hay quien defienda; si no hay juez, no hay quien sentencie”, sostuvo.
“Los presos se pusieron en huelga como una medida extrema que refleja desesperación ante condiciones carcelarias inhumanas, además de ejercer una presión sobre las autoridades para responder a sus demandas”, reza un comunicado del OVP.
Asimismo el OVP alertó sobre las “consecuencias graves y progresivas para la salud de una huelga de hambre, ya que puede provocar pérdida de peso acelerada, deshidratación y deterioro de funciones vitales”.
La organización exigió a entidades como la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo atender de “manera urgente la crítica situación, de la que el observatorio ha informado al Sistema Interamericano y Universal de los Derechos Humanos, con el objetivo de visibilizar las violaciones que sufren los internos y de presionar para que se tomen medidas concretas”.
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